La injustificada relación humana con el ambiente

La especie humana no sólo tiene una relación insostenible con la naturaleza —de la que forma parte—, también es insensible o poco empática y hay que cambiarla, porque a pesar de la devastación provocada por las actividades humanas, las más de ocho mil millones de personas que habitan la Tierra tienen el derecho a un medio ambiente sano.

Si hay una palabra que describe cómo ha sido la relación del ser humano con la riqueza natural, justo es devastación. La huella humana data muchísimo antes de la Revolución Industrial. De toda la naturaleza, 50% ya se ha transformado en ciudades, pueblos y carreteras, así como en tierras para el cultivo y el ganado. Océanos, ríos y lagos están contaminados. El aire es sucio y dañino.

Es así que la deforestación, erosión de los suelos, cambio del uso y cubierta del suelo, contaminación, el calentamiento global y muchos otros procesos de las actividades humanas están degradando, inexorablemente, tres de las cuatro capas de la Tierra: atmósfera, hidrosfera y biosfera.

La destrucción de ecosistemas y la extinción de la vida silvestre, además de los impactos del cambio climático, lejos de frenarlos, aumentan a un ritmo acelerado, lo cual, ya vislumbra un futuro crítico para la vida en el planeta.

En el ámbito de lo global, las naciones se han unido para atacar desde diferentes flancos todas estas malas prácticas que deterioran el mundo natural, gracias a acuerdos e instrumentos legales, muchos de larga data y otros recientemente firmados y puestos en marcha.

Desde lo local, los países y sus sociedades también han diseñado leyes y políticas públicas bajo el paraguas del respeto al ambiente y el desarrollo sustentable. Sin embargo, es en este ámbito donde se dan las más duras batallas, pues una cosa es lo que dicen o prometen gobiernos e industrias y otra muy diferente es lo que realmente hacen.

Es así que la defensa del derecho a un medio ambiente sano es una prioridad, pero se requiere no sólo de las acciones de los tres niveles de gobierno, sino también de las empresas, organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos.

Debemos reconocer que la relación de México con el medio ambiente, a lo largo de los años, ha sido más que desastrosa por donde se le vea.

Gestión deficiente del agua, deforestación de bosques y selvas; agricultura y ganadería insostenible; contaminación en todas sus formas y, para rematar, los compromisos en la lucha contra el cambio climático emanados del Acuerdo de París han sido insuficientes, entre otros temas.

De hecho, el país sigue siendo uno de los principales emisores de metano y, en lugar de transitar hacia las energías renovables, el camino tomado es el retorno de los combustibles fósiles. No sólo eso. La promesa de no derribar ni un solo árbol en la construcción del llamado Tren Maya no se ha cumplido.

Y es la sociedad organizada la que evidencia corruptelas, inacciones u omisiones de las autoridades y otros actores; es también la que exige que las instancias de gobierno sean transparentes y rindan cuentas, porque es un derecho de la ciudadanía.

Además, organizaciones en materia ambiental, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace, la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA), la Iniciativa Climática de México (ICM) y Nuestro Futuro, entre muchas otras, trabajan en la sensibilización y concientización sobre la importancia de la protección y conservación de la naturaleza, participan en la toma de decisiones relacionadas con políticas públicas ambientales y climáticas, diseñan estrategias sobre prácticas sostenibles y promueven acciones en defensa del medio ambiente, entre otros asuntos.

Entonces, el papel que juegan es crucial para lograr el equilibrio ecológico en beneficio de los mexicanos.

Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto en riesgo la defensa de la justicia ambiental y climática en el país.

El miércoles pasado, debía discutirse si las organizaciones ambientales de la sociedad civil pueden promover juicios de amparo para exigir que no se viole el derecho humano a un medio ambiente sano. No fue así. Se retiró de la sesión la contradicción de tesis 217/2021. Y ésta es la segunda ocasión en la que no se discute, la primera vez fue en la sesión del 10 de agosto de 2022.

La contradicción de tesis 217/2021 surgió porque el tribunal colegiado del Estado de México resolvió que las asociaciones civiles sí pueden recurrir a recursos legales, como el amparo, para garantizar derechos como un medio ambiente sano, pero el tribunal colegiado de la Ciudad de México argumentó que sólo las personas físicas pueden defender ese derecho y otros temas de interés social con los instrumentos legales.

En este contexto de degradación de la naturaleza y crisis climática, todas las personas, sin distingo, y las organizaciones de la sociedad civil deben tener acceso a todos los recursos judiciales para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano en beneficio de todos. La justicia no debería tener sesgos.