La encrucijada climático-ambiental de México

México, una nación megadiversa y rica en recursos naturales, paradójicamente, se encuentra en una encrucijada climático-ambiental que demanda acciones inmediatas y decisivas. Como se sabe, por su ubicación, es altamente vulnerable a los impactos adversos del cambio climático y, en los últimos tiempos, el clima extremo ya ha cobrado vidas y medios de subsistencia.

A pesar de toda la evidencia y los hechos, en lugar de honrar los compromisos con sus ciudadanos y los firmados a nivel internacional, como el Acuerdo de París, el gobierno federal ha desviado la trayectoria para reducir o mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El país es considerado como el segundo gran emisor en América Latina y el Caribe, y ocupa el noveno lugar a nivel global, de acuerdo con datos de BBVA Research a partir de la Base de datos de emisiones para la investigación atmosférica global (EDGAR, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.

Los mayores contribuyentes de GEI son el sector energético, con más de 70% de las emisiones totales, seguido de los sectores de combustión y procesos industriales, transporte, agrícola y ganadero, así como residuos.

Muy lejos quedó la posición de líder climático en el concierto internacional.

En junio de 2012, México estableció un hito en la lucha contra la crisis climática al promulgar la Ley General de Cambio Climático, con ello se ubicó como líder en la región en materia de legislación climática al ser el primer país en desarrollo en fijar una meta de reducción de GEI a largo plazo y el segundo a escala global. También fue de las primeras naciones en presentar su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en las negociaciones climáticas de París en 2015.

Había compromiso en materia de mitigación. Hoy ya no lo hay con todo y que el gobierno federal en diciembre de 2022 presentó su NDC actualizada para reducir las emisiones de GEI en 35% para 2030, así como las de carbono negro en 51%; alcanzar una tasa de deforestación neta cero para 2030; prevenir y gestionar los impactos negativos del cambio climático, principalmente entre las comunidades con desigualdades sociales; promover sistemas de producción de alimentos sostenibles y resilientes, así como conservar y restaurar la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Las promesas en papel se ven muy bien, pero la realidad dista mucho de una eficaz estrategia climática acorde con los tiempos aciagos.

Así lo dejan ver Guillermo N. Murray Tortarolo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, y Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, ambos de la UNAM, en el artículo publicado la semana pasada en la revista Nexos: “México retrocede en medidas de mitigación frente al cambio climático”.

Respecto a los compromisos de mitigación señalan dos decisiones políticas: la eliminación de la posibilidad de desarrollar energías alternativas y la construcción de una enorme refinería cuya viabilidad futura aún está en duda.

Los investigadores de la UNAM son claros al decir que la estrategia energética nacional está centrada en el uso de combustibles fósiles, por lo tanto, se trata de “una visión arcaica”, al seguir considerando al país como un gran productor de petróleo, pero las reservas se agotan.

Sobre las políticas de mitigación destacan dos iniciativas: “Inversión y el empleo de energías renovables, gestionadas exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el fomento de la captura de carbono a través del proyecto Sembrando Vida”. A la primera se le asignaron mil 600 millones de pesos; en cuanto a la segunda, “su incidencia está aún por verse y sus beneficios ambientales han sido ampliamente criticados por tener una visión homogeneizadora de la naturaleza y favorecer la tala de bosques en recuperación”.

Murray Tortarolo y Estrada Porrúa indican que el impacto de las políticas energéticas en la mitigación del cambio climático es medible. En 2022, las emisiones de CO2 alcanzaron niveles récord, “fue el más extremo en toda la historia del país y uno de los mayores en el mundo: un crecimiento de 9.2 % en un solo año”.

El problema, de acuerdo con los científicos mexicanos, es que prácticamente será imposible cumplir con las metas de reducción, ya que se requeriría una disminución de “45% para alcanzar los niveles pactados”.

No pueden pasarse por alto otras decisiones del gobierno federal que obstaculizan las acciones climáticas y ambientales, además de las señaladas por los investigadores de la UNAM: el desmantelamiento de la reforma energética, la compra de una refinería en Estados Unidos, inyecciones multimillonarias a Pemex y a la CFE —recursos a barriles sin fondo—, recortes presupuestales, desmantelamiento de instituciones ambientales y climáticas, desaparición del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para el Cambio Climático, entre otras acciones.

La falta de transparencia y ambición en las metas nacionales de reducción de emisiones refleja una preocupante negligencia.

Exigir la adopción de políticas nacionales efectivas y un plan de acción integral para enfrentar el cambio climático es el paso a seguir y más cuando estamos a 33 días de las elecciones más importantes de la historia del país.

Es crucial recordar que el cambio climático no es una amenaza distante, sino una realidad que afecta la vida diariamente.