La crisis climática ya es también emergencia de DH

A casi 10 años del Acuerdo de París, la acción y la justicia climáticas han encontrado resistencias en el camino, con todo y que en el papel este tratado internacional, jurídicamente vinculante, basado en la ciencia, define los compromisos de los Estados nación y de sus sociedades para evitar los peores escenarios del cambio climático.

Ha sido complicado cumplir con la mitigación y la adaptación a la crisis climática y, ni se diga, alcanzar el financiamiento óptimo para descarbonizar las economías y apoyar a las naciones y poblaciones más vulnerables, porque, como siempre, son las más afectadas sin tener responsabilidad en la inestabilidad del clima. La compleja combinación de intereses económicos arraigados, desigualdades históricas y una arquitectura política internacional fragmentada son sólo una parte de los obstáculos, mientras, las temperaturas aumentan poniendo al planeta en un punto de ebullición —António Guterres dixit—.

Son las poblaciones más vulnerables y organizadas las que luchan sin cansancio para que los gobiernos pasen de la contemplación o la promesa huecas a la acción. Porque el andamiaje de cómo lograr un planeta más sostenible y resiliente a la crisis climática ahí está.

La semana pasada, en un fallo sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el derecho a un clima sano y señaló con toda claridad que los Estados nación y las empresas tienen “obligaciones vinculantes bajo el derecho internacional” para actuar frente a la crisis climática en América Latina y el Caribe. Un “clima sano”, para la CIDH, proviene de un sistema climático “libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y la naturaleza”.

Así, la naturaleza es sujeto de derecho.

La opinión consultiva de la CIDH subraya que debe abordarse la crisis climática como una emergencia de derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, por ello, los Estados y las empresas deben abstenerse de dañar la naturaleza, además, deben prevenir, reducir y remediar los daños de la crisis climática. Asimismo, tienen la obligación de proteger a quienes defienden activamente el planeta. En el papel, la omisión y la inacción no son opciones para ningún Estado ni empresa. En la realidad, habrá que esperar a ver qué tanta disposición hay.

El fallo responde a una solicitud interpuesta por parte de los gobiernos de Colombia y Chile en enero de 2023, resultado del proceso de consulta más participativo en la historia de la CIDH, con la intervención de organizaciones de la sociedad civil, expertos, Estados y pueblos indígenas. La resolución ha sido bienvenida por parte de organizaciones, de acuerdo con las páginas oficiales de Greenpeace —que participó en las audiencias—; Amnistía Internacional y el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), por mencionar algunas. Para Pablo Ramírez, campañista climático de Greenpeace México, “el más alto tribunal de las Américas nos está proporcionando un camino hacia la justicia climática, obligando a los Estados a garantizar los derechos humanos, abordar los impactos climáticos y obligar a las industrias contaminantes a reparar el daño que han causado”.

Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, dijo: “Cada día de inacción significa más sufrimiento para las personas y comunidades que menos han contribuido a la crisis climática… Los Estados ahora cuentan con una orientación clara y ya no pueden alegar desconocimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

El impacto de esta decisión va más allá del ámbito jurídico. Al aplicar a los 34 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, incluidos Estados Unidos y Canadá, la opinión consultiva tiene el potencial de moldear la jurisprudencia internacional y fortalecer los compromisos climáticos nacionales. Esta decisión acerca a las sociedades a la justicia climática, porque se trata de un enfoque que entiende la crisis climática como un problema de derechos humanos y equidad, más allá de las afectaciones negativas al ambiente y las personas. Reconoce que los impactos no afectan por igual a toda la población y suelen agravar desigualdades preexistentes. La justicia climática exige que quienes han contribuido más a la crisis asuman una mayor responsabilidad, mientras se protege y ayuda a las poblaciones más vulnerables, garantizando su participación en las decisiones sobre el futuro del territorio y los recursos naturales.

En México, la lucha climática tiene un precedente: la comunidad de El Bosque, en Centla, Tabasco.

En 2019 se reconoció oficialmente como el primer caso de desplazamiento climático. Marejadas, erosión costera y el aumento del nivel del mar han destruido la costa, dejando a su paso viviendas, escuelas e infraestructura básica arrasadas. Ante la ausencia de una política nacional para atender estos casos, organizaciones como Greenpeace, Conexiones Climáticas y Nuestro Futuro exigieron una reubicación justa y urgente.

Gracias a la presión comunitaria y social, en febrero de 2024 el Congreso de Tabasco aprobó el primer proceso oficial de relocalización por causas climáticas. Para inicios de este año, se entregaron viviendas a 51 familias en un nuevo asentamiento cercano a Frontera. Sin embargo, aún hay familias sin censar ni reubicar y persisten carencias en servicios básicos, lo que subraya la urgencia de avanzar hacia una justicia climática que garantice inclusión, transparencia y atención integral en futuros desplazamientos.

La respuesta de los Estados nación no puede seguir siendo fragmentada. La inacción, en este nuevo marco legal, no sólo es irresponsable: es ilegal.