Encuestas: lo que piensa la gente del clima

Las encuestas, aunque suelen ser polémicas cuando de temas electorales y políticos se tratan, ayudan a recopilar información de un grupo específico de personas sobre sus opiniones, comportamientos, percepciones y conocimientos respecto a diversos asuntos de interés ...

Las encuestas, aunque suelen ser polémicas cuando de temas electorales y políticos se tratan, ayudan a recopilar información de un grupo específico de personas sobre sus opiniones, comportamientos, percepciones y conocimientos respecto a diversos asuntos de interés público.

Así, aquellas enfocadas específicamente en las crisis ambiental y climática pueden ayudar a medir y evaluar las preocupaciones, los impactos y las demandas de ciudadanos en general, grupos vulnerables y de otros actores clave en torno a estas problemáticas.

Como se trata de un método de investigación, las encuestas son herramientas para comprender cómo las comunidades vulnerables al cambio climático y al deterioro ambiental experimentan los impactos adversos y, así, trazar o fortalecer políticas en adaptación y mitigación, acciones relacionadas con leyes, financiamiento o transferencia de tecnologías, por ejemplo.

Con los datos recabados, un buen tomador de decisiones podría desarrollar estrategias más inclusivas y equitativas, asegurando que las soluciones climáticas y ambientales también promuevan la justicia social.

Así, una encuesta publicada hace cuatro días, aplicada en 18 países del G20 —México incluido y sin Rusia—, más cuatro fuera de este bloque (Austria, Dinamarca, Suecia y Kenia), arrojó que 72% de las personas está a favor de considerar como delito penal el que los altos funcionarios de gobierno y los líderes de las grandes empresas aprueben o permitan acciones “que saben que pueden causar daños generalizados, duraderos o irreversibles a la naturaleza y al clima”.

El apoyo a la penalización es mayor entre las naciones más expuestas a las amenazas climáticas. Algunos países de ingresos medio-alto y con vulnerabilidad media están a favor de la penalización: México (85%), Argentina (85%) y China (72).

Entre los de ingresos bajo-medio y alta vulnerabilidad destacan: Kenia (91%) e India (79%).

El apoyo es relativamente bajo en países de alto ingreso y media vulnerabilidad, como Japón (43%) y Arabia Saudita (57%).

No en todas las naciones el ecocidio es considerado un delito a nivel federal ni local con todo y que tengan leyes ambientales y climáticas, como en el caso de nuestro país y algunos otros. Desafortunadamente, las iniciativas en esta materia se olvidan.

Los daños graves e irreversibles a la naturaleza y al clima son resultado de acciones aprobadas o permitidas que responden, casi siempre, a la orden de un gobernante, así como de uno o varios líderes corporativos. Recordemos que las acciones humanas tienen al planeta en vilo. Cada árbol talado para una infraestructura va en detrimento de la salud y el bienestar de las personas y la vida silvestre. La sexta extinción masiva de las especies está en proceso. Si la encuesta ayudara a impulsar la tipificación como delito penal podría ser un paso importante para la justicia ambiental.

Entre algunos de los rubros de la Global Commons Survey 2024 destaca mayor preocupación por el estado de la naturaleza en naciones de ingresos medio-bajo y medio-alto, como Brasil, Turquía, Argentina, Indonesia, México, Sudáfrica, India y Kenia; en comparación, los países menos preocupados son los de altos ingresos, como los europeos, Japón y Arabia Saudita.

Sobre la acción climática urgente, 71% cree que el mundo debe tomar medidas inmediatas para reducir las emisiones de carbono en sectores clave como electricidad, transporte, alimentos e industria. Pero, la realidad apunta a mucho bla, bla, bla y poca acción. Las temperaturas globales cada mes rompen récord y los incendios no cesan.

Otro dato revelador: sólo 39% de los 22 países participantes confía en las nuevas tecnologías para resolver los problemas ambientales sin que las personas realicen grandes cambios en sus vidas. El más desconfiado es Japón (15%) y le sigue Francia (22%).

La responsabilidad de revertir los daños al ambiente se centra, primero, en las empresas (52) y, luego, en los gobiernos de los países ricos (41%). No se salvan los organismos internacionales (36%); gobiernos nacionales de los países en desarrollo (31%), superricos del mundo (25%), grupos ambientalistas (25%), personas de ingresos altos y medios en —mi país— (15%), no sabe (8%) y no procede/no se requiere ninguna medida (2%).

Otro apunte: “Los países de ingresos altos con niños en sus hogares, satisfechos con las finanzas domésticas, interesados en la política y expuestos a las amenazas climáticas, son los menos propensos a pensar que su gobierno está haciendo lo suficiente para abordar el cambio climático”.

Sobre la exposición a los riesgos ambientales y climáticos, más de la mitad de los encuestados se siente personalmente expuesta.

Las naciones con mayores ingresos son más pesimistas sobre el futuro, en contraste, a pesar de estar más expuestos a los riesgos ambientales, los países de ingresos bajos y medios son más optimistas sobre su futuro y el del mundo.

La Global Commons Survey 2024 fue realizada por encargo de las organizaciones Earth4All y Global Commons Alliance, en colaboración con otros organismos, y fue levantada por Ipsos Gran Bretaña.

Participaron 22 mil personas de entre 18 y 55-75 años en 22 países (mil encuestados por cada uno).

El informe bien podría ser una herramienta para promover políticas más estrictas, mejorar la rendición de cuentas y aumentar la conciencia global sobre la urgencia de proteger el ambiente y el clima, porque un futuro más sostenible y equitativo está en riesgo.

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