En la reconstrucción de Acapulco debe imperar la ley

El presente y el futuro están marcados por la incertidumbre climática y los asentamientos humanos se han convertido en epicentros de la vulnerabilidad. Cuando un evento los impacta, irremediablemente emergen las crisis multidimensionales, las desigualdades de las sociedades, así como la desordenada o nula planeación urbana.

En este contexto, debemos comprender que la planificación del espacio urbano tiene como objetivo estructurar el uso del suelo y establecer las normas para la formación, transformación y conservación de los territorios, lo cual permite gestionar eficientemente el crecimiento y desarrollo urbanos. Sumado a ello, debe asegurarse una distribución coherente de infraestructuras y recursos, para no sólo maximizar el crecimiento económico, sino también para lograr la sostenibilidad ambiental y la equidad social.

Así, frente a la devastación causada por tormentas catastróficas, inundaciones descomunales y eventos climáticos extremos, la planificación urbana proporciona los instrumentos para reconstruir ciudades y poblaciones resilientes.

Y la resiliencia urbana se refiere a la capacidad de una ciudad para resistir, adaptarse y recuperarse de los impactos adversos, como desastres naturales, crisis económicas o cambio climático. De acuerdo con ONU Hábitat, “evalúa, planea y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, ya sean repentinos o lentos de origen, esperados o inesperados… las ciudades están mejor preparadas para proteger y mejorar la vida de sus habitantes”.

La teoría es muy clara, pero, en la práctica, existe el riesgo de remendar los daños o repetir errores, cuando de lo que se trata es de sobreponerse al desastre y resistir eventos futuros. Y en lo anterior debe basarse la reconstrucción de Acapulco, una ciudad costera con vocación turística, recientemente devastada por la furia de Otis, un huracán categoría 5, y no la concurrencia de lluvia severa y vientos fuertes.

Reconstruir Acapulco pasa por conocer y respetar los preceptos de las leyes federales y estatales sobre asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Pero en este puerto el desarrollo urbano ha sido caótico. Se priorizó la construcción de zonas turísticas y fraccionamientos privados, hubo cambio de uso de suelo, alteración de la biodiversidad, asentamientos irregulares y polarización social. Y Otis puso al descubierto las desigualdades y exacerbó las carencias.

Si bien en el país el tema del espacio público y de la resiliencia se elevó a máxima prioridad, gracias a que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano contiene un capítulo al respecto, pero muchas entidades aún no han actualizado sus legislaciones estatales, esto evidencia negligencia cuando ocurren eventos catastróficos del clima, “porque no sólo no han empezando a construir infraestructura resistente, sino que no tienen el marco normativo para ponerlo como la gran prioridad de política pública que por ley se exige”, indicó Marco Martínez O’Daly, economista urbano.

Una ciudad resiliente debe cimentarse en la prevención y cubrir los elementos básicos de la planeación urbana y de la supervivencia, porque de poco sirven tecnologías, desarrollo económico y empleo de alto valor, si cada vez que llueve la ciudad se paraliza y el patrimonio y la vida de las personas se ponen en riesgo”, dijo en entrevista el también asesor de la Fundación Friedrich Naumann.

Podría abrirse una gran ventana de oportunidad para levantar Acapulco como una ciudad inteligente. Pero requeriría un nuevo paradigma.

Para Martínez O’Daly, una ciudad inteligente recupera el conocimiento histórico, por ejemplo, asegurar que los lugares susceptibles a inundarse no se urbanicen, se construya infraestructura verde con elementos compatibles para la cosecha de agua pluvial, tener espacios de esparcimiento, como áreas verdes, “que cuando se inundan no pasa nada y el resto del tiempo protegen contra la mala urbanización”.

A partir del desastre o de un momento de sufrimiento y de preocupación, el ciudadano está dispuesto a experimentar nuevos mecanismos.

“Acapulco está en ese momento para proponer mecanismos nuevos de intervención… más allá del liderazgo político, creo que es una oportunidad donde los técnicos, los colegios de arquitectos y las universidades, donde está el conocimiento, tienen que juntarse y proponer un cambio de modelo”, aseguró.

Las transformaciones de una ciudad, explicó, requieren del sector privado, un sistema bien organizado para beneficio público, además de gestionar apoyos federales y estatales.

Esto implica —continuó— que la inversión privada para la urbanización y la construcción, al pagar sus impuestos o derechos de desarrollo, el dinero se use de manera transparente para la construcción complementaria de la infraestructura de agua, de los espacios públicos, de las grandes infraestructuras verdes necesarias para canalizar el agua durante eventos de lluvia —como diques, primeras dunas y malecones—, pero eso se logra con fideicomisos, con consejos de desarrollo, con institutos de planificación que tengan planes y programas bien diseñados, “los inversionistas están dispuestos a asumir el costo porque hay beneficios”.

Como puede verse, la intersección entre la necesidad y la oportunidad, la planificación urbana resiliente se erige como la clave para construir ciudades que no sólo sobrevivan a eventos climáticos, sino que respeten el medio ambiente y prosperen en un mundo cada vez más impredecible.