El meteorológico hizo su trabajo; Protección Civil, no

Los sistemas de protección civil en los tres niveles de gobierno, una vez más, fallaron, porque aún no existe un sistema de alerta temprana funcional para prevenir a las comunidades sobre la presencia e impacto de un fenómeno natural extremo, como lo son las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias intensas y torrenciales para los días 9 y 10 de octubre, pero la gente no fue alertada. El resultado, 64 decesos y 65 personas no localizadas. Estos datos irán modificándose con el paso de las comunicaciones mañaneras oficiales.

Las pérdidas y los daños son incalculables y, quizá, no sabremos a cuánto ascenderán. Las cifras oficiales de los desastres nunca concuerdan con la realidad.

Y no, no se trata de desastres naturales, son desastres socialmente construidos, porque son resultado de la relación sociedad-naturaleza, como lo evidencia el trabajo de especialistas en gestión del riesgo de desastres, como Fernando Aragón-Durand.

El consenso de la comunidad científica y organismos multilaterales definen como un riesgo de desastre a “la probabilidad de que ocurran daños y pérdidas por la combinación de tres variables: la existencia de peligros o amenazas, la exposición a ellos y el estado de vulnerabilidad”, éste proviene de factores físicos, sociales, económicos y ambientales.

La falta de medidas para mitigar los impactos también entra en la generación de un desastre.

Y la vulnerabilidad se genera en el territorio y en las poblaciones, cuando un evento natural impacta, lo que hace es desnudar las condiciones de pobreza y marginación en las que vive la gente.

Eso ha pasado con las lluvias torrenciales, más no atípicas, que golpearon 31 de las 32 entidades del país y, en cuestión de horas, 139 municipios en cinco estados sufrieron afectaciones devastadoras debido a las inundaciones.

Lo que ha ocurrido en las zonas afectadas es una tragedia. La alerta temprana puede salvar muchísimas vidas, pero el país no cuenta con una que sea universal y personal, como lo es un mensaje en los teléfonos celulares que advierta a la gente de la presencia de un meteoro y sus consecuencias.

Ya se probó en caso de sismo el pasado 19 de septiembre y lo cierto es que funcionó (aunque el mensaje decía “simulacro presidencial”, pero eso es peccata minuta).

La pregunta es, por qué no se ha replicado en los estados y comunidades costeras y en las zonas cercanas a cuerpos de agua susceptibles de desbordamientos, cuando ya es conocido que el nuestro es un país altamente vulnerable. En la actualización de 2020 de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), se comprometió a “fortalecer en los tres órdenes de gobierno los sistemas de alerta temprana y protocolos de prevención y acción ante peligros hidrometeorológicos y climáticos en diferentes sistemas naturales y humanos”.

Los decesos y las personas no localizadas, daños y pérdidas materiales se siguen acumulando. Ninguna ayuda, por más bienintencionada, recuperará lo perdido ni resarcirá el daño emocional y psicológico de las personas que han vivido el desastre.

Las imágenes que se han visto en los medios de comunicación, así como en las redes sociales, de animales de establo y de compañía arrastrados por las corrientes, miles de viviendas destruidas, comunidades bajo el agua e incomunicadas, ríos desbordados, infraestructuras colapsadas, deslaves y cortes de energía eléctrica continuarán si no se invierte en adaptación, en construir resiliencia.

La gobernanza en el país ha quedado a deber en la reducción del riesgo de desastres (RRD) por eventos naturales y la crisis climática.

El Informe de Evaluación sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres indica que los presupuestos del país en materia de reducción del riesgo de desastres contenidos en el Fonden y el Fopreden han ejercido, en el periodo 2014-2023, un promedio anual de 1,061.28 millones de dólares.

 Del total del presupuesto, en el mismo periodo se ha destinado a la RRD un promedio de 0.29 por ciento.

 “Desde una perspectiva de tipos de acción prioritarias para las inversiones en RRD, el gasto se concentra en 0.17% en gestión prospectiva, 0.03% en gestión correctiva y 99.80% en gestión compensatoria”, señala el informe.

Estos datos son un indicador de que la gobernanza frente a los desastres es reactiva y no preventiva.

En materia de mitigación y adaptación al cambio climático, el presupuesto para 2026 es insuficiente; no hay objetivos claros: 212 mil 569 millones de pesos, esto es una disminución de 1.24% respecto a lo aprobado para este año. En cambio, Pemex tendrá un aumento de 7.7 por ciento.

Es evidente que las prioridades y los recursos están en otros rubros, no en la búsqueda del bienestar de la gente ni mucho menos en las acciones para adaptarnos a un clima cambiante.

En el discurso, el cuidado del ambiente y la lucha contra la crisis climática se escuchan, pero apenas como un susurro.

Las lluvias torrenciales e inundaciones exacerbadas por la crisis climática deben ser un recordatorio de que el tiempo para reaccionar se agota.

 Y mientras se llevaba a cabo la primera semana de acción climática en México en el Papalote Museo del Niño, la esperanza y la urgencia se entrelazaban. En el interior del museo se compartieron diagnósticos, rutas, soluciones, ideas, casos de éxito, además de concretarse algunas alianzas por la naturaleza y el agua. Afuera, las lluvias extremas devastaban comunidades enteras. Dos mundos que coexisten, el del diálogo y el de la consecuencia.

Qué ironía. Ayer se conmemoró el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres bajo el lema: Financiar la resiliencia, no los desastres. Cosa pendiente en este país en el que las autoridades se dicen sorprendidas por lluvias atípicas.