El innegable derecho a un ambiente sano

A lo largo del tiempo, la relación entre las personas y la naturaleza ha sido desigual, porque aquéllas siempre han tenido una posición privilegiada. El problema es que ha ocasionado un proceso de degradación acelerado con consecuencias negativas para todos. Una de ellas, la injusticia ambiental, la cual menoscaba los derechos humanos.

Frenar el deterioro ambiental es una lucha titánica, como lo sería enfrentar a un enorme monstruo de muchas cabezas.

De acuerdo con la evidencia científica, tres crisis convergen simultáneamente: climática, pérdida de biodiversidad y contaminación. Esta triada es una grave amenaza para la humanidad y sus medios de vida. Pero las consecuencias negativas se han ido dando de manera diferenciada y desproporcionadamente, recayendo, sobre todo, en los que menos culpa tienen y más vulnerables son: poblaciones pobres, comunidades indígenas; mujeres, niñas y niños, así como personas con alguna discapacidad.

Los derechos humanos son inalienables e indivisibles, es decir, son fundamentales y no pueden ser legítimamente negados a las personas; lo más importante, no son creación de ningún gobierno, pero, eso sí, deben reconocerlos y ser respetados.

Por ello, es de celebrar que el jueves pasado, 28 de julio, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas resolviera —con 161 votos a favor, ni uno en contra y ocho abstenciones—, que todas las personas del planeta tienen el derecho humano universal a un ambiente saludable.

El mensaje emitido por el máximo órgano de la ONU reconoce que el cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua; la gestión inadecuada de productos químicos y residuos, así como la pérdida de biodiversidad “interfieren en el disfrute de este derecho”, pues “los daños ambientales tienen implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos”.

Además, la Asamblea General pidió a los Estados miembros que intensifiquen “los esfuerzos para garantizar que la gente tenga acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible” y reiteró que tienen la obligación de respetar, proteger y promover todos los derechos humanos.

Esta resolución —catalogada como histórica—, si bien no es jurídicamente vinculante, puede tener un efecto positivo para que las naciones modifiquen o fortalezcan sus leyes o realicen cambios constitucionales en relación con la protección del ambiente, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda del bienestar de las personas.

Para António Guterres, secretario general de la ONU, la adopción de esta resolución es una clara muestra de que los Estados miembros son capaces de unirse en la lucha contra la triple crisis del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Hay que decir que el antecedente más cercano de este hecho es la resolución 48/13 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en octubre de 2021, que reconoce que un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano.

Pero para llegar a este punto tuvieron que pasar 50 años, pues la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972) fue la primera en poner las problemáticas del ambiente en el centro de las preocupaciones y discusiones internacionales.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo inició el diálogo entre países industrializados y en desarrollo sobre la estrecha relación existente entre crecimiento económico; contaminación del aire, el agua y los océanos, así como el bienestar de las personas.

Cinco décadas en las que se incrementaron los gases de efecto invernadero, se han exacerbado la desertificación de los suelos, los incendios forestales, la deforestación, las sequías y las inundaciones; los océanos no sólo están inundados de plásticos, sino también se acidifican y calientan poniendo en riesgo la vida marina que da sustento a millones de personas; entre muchos otros males ocasionados por las actividades humanas.

Así que, garantizar el derecho universal a un ambiente saludable requerirá que las naciones apliquen no sólo las leyes ambientales y respeten sus cartas magnas, sino también cumplan todos los compromisos asumidos en los diversos acuerdos multilaterales, como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo climático de París o el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre los más de 200 que hay, y rindan cuentas de sus acciones.

También es imperante la participación de las personas y la esfera privada para erradicar prácticas dañinas, porque si bien la humanidad tiene derechos, también es cierto que conllevan grandes responsabilidades para evitar el colapso de la civilización.