Corrupción, sinónimo de ecocidio

La corrupción está en todos lados minando la confianza en las naciones. Este flagelo obstaculiza la lucha contra la crisis climática y el ecocidio, al desviar recursos tan indispensables como escasos. Además, socava los esfuerzos para la protección del mundo natural, así como para mitigar y adaptarnos a los efectos extremos del clima. También impulsa violaciones a los derechos humanos, como crímenes contra ambientalistas, y alimenta opacidad e impunidad.

El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI), dado a conocer la semana pasada, alertó que la corrupción en América Latina “ha permitido que las redes criminales operen libremente y con impunidad, lo que ha facilitado la comisión generalizada de delitos ambientes”, desde tala y minería ilegales, hasta tráfico de vida silvestre.

La debilidad institucional y la falta de transparencia, indicó, permiten que el crimen organizado controle vastas áreas de una región de 32 países, donde se explotan recursos naturales sin considerar las consecuencias ambientales, con total libertad e impunidad.

Uno de los datos alarmantes que arrojó el indicador está relacionado con el asesinato de activistas. Desde 2019, alrededor de 80% de mil 13 ambientalistas asesinados ocurrieron en Brasil, Colombia y México.

Ejemplo de ello son los 18 asesinatos de activistas en nuestro país, 25 en Brasil y 79 en Colombia, de acuerdo con el informe 2023 de la organización Global Witness.

El IPC halló niveles extremadamente altos de corrupción en el mundo, donde más de dos tercios de los países obtuvieron un puntaje inferior a 50 sobre 100; mientras que el promedio global en el indicador fue de 43 puntos, lo cual subraya la dificultad de ejecutar las acciones necesarias para hacer frente a la crisis climática.

Los puntajes son inferiores o han descendido en naciones que han destacado en la acción climática, entre los que se encuentran los más vulnerables a la inestabilidad del clima.

Asimismo, alertó que la corrupción “obstruye la puesta en marcha de acciones climáticas efectivas e impide la adopción de políticas ambiciosas”.

Transparencia Internacional señaló que los fondos destinados a apoyar a las naciones para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero —causantes del cambio climático— son robados o mal utilizados; además, la corrupción tiene forma de influencia indebida que frena las políticas públicas enfocadas a abordar la crisis climática, lo cual trae como consecuencia el deterioro ambiental.

En otro informe, TI encontró que las empresas y los cabilderos de los combustibles fósiles ejercen “gran presión e influencia” en las cumbres del clima.

Ahí están las COP27 de Egipto; la COP28 de Emiratos Árabes, así como la COP29 de Azerbaiyán, donde hubo más lobistas petroleros que delegados de los países firmantes del Acuerdo de París.

Y ya sabemos que los países más corruptos son Venezuela, con 10 puntos; Sudán del Sur, Somalia y Nicaragua con 14.

Mientras que por debajo de los 50 puntos están: Honduras, 22; Paraguay, 24; Guatemala, 25; México, 26 (que bajó cinco puntos); Bolivia, 28; El Salvador, 30; Perú, 31, entre otros.

Sobre México, donde la corrupción ha avanzado velozmente, si bien ha firmado tratados climáticos y ambientales destacados, como el Acuerdo de París y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, en los últimos tiempos ha estado ausente y no ha cumplido con sus compromisos.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad encontró en una investigación que nuestro país pierde anualmente alrededor de 128 mil hectáreas de bosques y dos de las causas son tala clandestina y comercio ilegal de materias primas, como la madera.

Ello se debe a “permisos irregulares, reglamentación laxa para el transporte de madera sin verificar su legal procedencia, son dos factores que han abierto la puerta a la tala ilegal en México. Un exdelegado de la Semarnat, señalado de haber tolerado la deforestación, es ahora contratista del gobierno federal en el AIFA, uno de los proyectos emblema del gobierno de López Obrador”.

En noviembre de 2022, Excélsior documentó que la inspección y vigilancia del gobierno mexicano para prevenir la pesca y comercio ilegales de la totoaba eran ineficientes en el Alto Golfo de California porque los pescadores continuaban “saliendo a realizar sus actividades con redes prohibidas y por sitios no autorizados… lo cual ha puesto en riesgo a los últimos ocho ejemplares de vaquita marina que quedan en su hábitat natural”. La Unión Europea pidió que México rindiera cuentas “por su fracaso en prevenir la pesca y el comercio de Totoaba macdonaldi… que está llevando a la vaquita (Phocoena sinus) a la extinción, incluida la consideración de una suspensión en el comercio de especies incluidas en la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)”.

Más de dos años después, a inicios de este febrero, durante la 78ª reunión del Comité Permanente de la CITES, la comunidad internacional hizo un fuerte llamado de atención a México porque no ha cumplido los acuerdos para la protección de la vaquita marina y del pez totoaba.

¿Cuántas industrias descargan sustancias tóxicas en los cuerpos de agua a la vista de las autoridades sin que pase nada? Y éstos son sólo unos pocos casos.