Vivir entre el crimen

El 27 de julio de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo público el primer informe de las tres mil 234 colonias más violentas en todo el país, a las que decidió canalizar dos mil 400 millones de pesos, a través de 16 programas que buscaban revertir su realidad, caracterizada por una población mayoritariamente juvenil, embarazos tempranos y altas tasas de delincuencia que, en algunos casos, superaba hasta dos veces la media nacional, como en delitos sexuales y robo.

De acuerdo con ese estudio, realizado por Roberto Campa Cifrián, pero que estuvo bajo la responsabilidad de Lucila Guerra, en estas colonias el robo sin violencia mostraba que, por cada 100 mil habitantes en las colonias violentas de Othón P. Blanco, Quintana Roo, se registraban mil 63.96; en las colonias de Mexicali, mil 962.37 y de Tijuana 1,229.42, ambos en Baja California; en Durango llegaba a mil 127.83; en las colonias de la delegación Cuauhtémoc, del entinces Distrito Federal a mil 406.65 y en Cuernavaca a mil 405.93 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional era de 570 por cada 100 mil habitantes.

Otro delito que registró altos índices en estas colonias fue el de agresión sexual; a nivel regional este delito tenía un comportamiento de 9.40 por cada 100 mil habitantes, pero en las colonias violentas de Tapachula, Chiapas, llegó a 34.64 y a 28.19 en las colonias de Tuxtla Gutiérrez; esta tasa se elevó hasta 43.68 en las colonias violentas de Pachuca, Hidalgo y a 37.57 en Cuernavaca, Morelos.

El estudio mostró que en estas colonias había carencia de niveles satisfactorios de vivienda, una elevada deserción de adolescentes en la secundaria, por eso, el nivel promedio de estudios en estas tres mil 234 colonias era de secundaria terminada; una de las características era el elevado número de embarazo temprano.

Han pasado cerca de 11 años de ese estudio y hoy no sabemos qué pasó con esas colonias, pero la existencia de ese antecedente permite entender mucho de lo que ocurre hoy en diferentes lugares del país, principalmente en localidades que están lejos de las cabeceras municipales de estados como Guerrero, Zacatecas, Veracruz, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Baja California, Sonora y Tamaulipas, entre otros.

En esas comunidades ya se han acostumbrado a vivir entre el crimen.

Hace unos días escuché el relato de un joven que, junto con toda su familia, dejó de vivir en Río Grande, una localidad al norte de Zacatecas, cercana a Durango e incrustada en el llamado “triángulo dorado” de la droga, pero que es conocida por la producción de frijol.

En el día a día de esa comunidad, la convivencia con el crimen es constante. Por ejemplo, si una familia desea hacer una fiesta, ya sea por un bautizo, un cumpleaños, una primera comunión, una boda, unos XV años, es necesario “pagar permiso” al grupo criminal que domina el lugar y cuya oficina está a un lado del ayuntamiento, según el relato del joven zacatecano que ahora vive en la zona centro de la Ciudad de México.

Las horas de la fiesta y hasta la cantidad de invitados determina el monto a pagar por el “permiso”, pero en promedio son 15 mil pesos por fiesta. Si no pagan, el grupo criminal se presenta a la fiesta, encapuchados y amedrenta a todos los invitados para obligar a suspender todo y llevarse a uno o varios de los invitados hasta que la familia pague.

Pero también ocurre lo mismo si alguien muere. Deben pagar el “permiso” para velar al muerto. Si no pagan, los criminales secuestran el cadáver y lo entregan hasta que la familia pague. Si no tiene para pagar debe pedir prestado o entregar a algún integrante de la familia para que trabaje con el grupo criminal.

El relato del joven recién llegado a la CDMX es desgarrador, pero habla de una cotidianidad que viven millones de mexicanos, sin que las autoridades municipales, estatales o federales hagan algo por evitarlo.

Y ese acostumbrarse a vivir entre el crimen puede ser una explicación del por qué nadie dijo nada de los horrores en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco y que hoy nos muestra una realidad que no todos quieren ver ni oír.