La memoria es una de las facultades humanas más importantes, porque permiten no repetir errores y observar los caprichos de la vida.
Los hechos ocurridos en la última semana de mayo es uno de esos momentos en que la memoria tiene una gran riqueza.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es hoy un político acusado de narcotráfrico por el gobierno de Estados Unidos.
Pero el 5 de septiembre de 2019, cuando era uno de los senadores de Morena, fue el encargado de promover la iniciativa de su bancada para acabar con el privilegio que el PRI, PAN y PRD le dieron a cuatro magistrados de Sala Superior del Truibunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre ellos Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez.
Hace siete años Morena quería que los entonces magistrados José Luis Vargas, Indalfer Infante, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez se fueran del Tribunal Electoral.
“Y, aunque no se cuestiona jurídicamente la validez de ese acto, porque la SCJN concluyó que no viola la Constitución, esta soberanía considera que una forma de apegarse en mayor manera al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es restituyendo el orden normativo original de temporalidades que se fijó, previo al procedimiento y al nombramiento de los magistrados”, explicaba el entonces senador Rubén Rocha.
Y, oh, ironías de la vida política. Ahora resulta que Morena torció sus viejas “convicciones” y ahora es promovente de la prolongación del mandato de los magistrados Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Mónica Soto, con el argumento de que no es correcto discriminarlos, al no respetarles el derecho a la reelección que tiene el resto de los magistrados.
Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, iban a quedarse en el cargo hasta el 31 de octubre de 2024, como son los casos de Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, a quienes se les prolongó el periodo de seis años originales a ocho años.
Pero en 2024, como efecto de la reforma al Poder Judicial que impulsó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se permitió que los cinco magistrados electorales que quedaban prolongaran su mandato hasta el año 2027, pero la magistrada Janine Otálora se fue cuando venció el periodo para el cual fue electa en 2016; es decir, en octubre de 2024, con lo cual cubrió los ocho años que le correspondieron.
Pero Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Mónica Soto se quedaron en sus posiciones y ahora la reforma al Poder Judicial de la presidenta Claudia Sheinbaum les permitirá un año más de trabajo, pues al retrasar la elección a 2028, todos los juzgadores federales y estatales que concluían su función el próximo año se mantendrá 12 meses más.
“Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto y cuyo encargo concluiría en el año 2027, permanecerán en funciones hasta el año 2028, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección respectiva”, dice el régimen transitorio.
Para los diputados de Morena no fue suficiente. Era necesario anotarlos para que se conviertan en magistrados del acordeón otros seis años, para sumar 18 años.
Vaya regalo prometido para quienes pasaron de ser prianistas a leales servidores de Morena, útiles para legitimar todas sus decisiones. Una decisión que no sólo traicionó la “convicción” morenista de 2019, sino que contradice hasta sus recientes reformas constitucionales, como la que eliminó la reelección para diputados, senadores y presidentes municipales.
“No somos reeleccionistas”, dijeron entonces los morenistas, que hasta rescataron el principio revolucionario que antes sólo pertenecía al PRI: no reelección.
¡Vaya ironías de la vida!