Las manos sobre el Inai y las pifias de una comisionada

El próximo 25 de octubre se cumplirán 20 años del nacimiento del Inai y, como nunca, pesan sobre de él sombras de poder que intentan influir en su integración, al placear por el Senado a candidatos que representan intereses de grupos políticos, pero, además, con información que revela que una de sus comisionadas viola obligaciones constitucionales, al inmiscuirse en campañas políticas.

Denominado originalmente Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai) y hoy conocido como Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), el instituto que defiende el derecho de los mexicanos a conocer la forma en que se gasta el dinero que emana de sus impuestos es un joven de 20 años que hoy enfrenta el acoso por influir en sus decisiones.

El Senado, institución encargada de elegir a los integrantes del Inai, desarrolla el proceso de elección de dos nuevos comisionados, que sustituirán a Óscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, pero son evidentes las presiones de grupos políticos para tratar de influir en la decisión de los legisladores, lo que permite observar que hay un interés inusitado por tener injerencia en las decisiones colegiadas que toman los comisionados.

Hasta las oficinas de los senadores de todos los partidos llega información de cómo algunos grupos políticos intentan introducir a sus candidatos a las entrañas del Inai, como los bejaranistas en Coyoacán, que a través de Carlos Castillo, expresidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, impulsan a Julio Bonilla.

En una nota del diario La Jornada, del 21 de diciembre de 2018, que da cuenta de la elección de Julio Bonilla como presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se puede encontrar el sustento a esa relación que ha llegado hasta las oficinas de los senadores.

“El nuevo comisionado presidente, Bonilla Gutiérrez, negó que su nombramiento obedezca a su cercanía con el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso local, el diputado Carlos Castillo, y dijo que el proceso de designación fue muy intenso, inédito y abierto, además de que fue una decisión unánime de 59 diputados”, dice esa nota periodística.

Pero el intenso cabildeo también dejó al descubierto, entre senadores de todos los partidos, que una de las actuales integrantes del Inai, la comisionada Julieta del Río Venegas tiene interés en promover a sus propios perfiles, amparada en la cercanía que tiene con el gobernador de Zacatecas, David Monreal.

La información que ha llegado a los senadores es que la comisionada Del Río Venegas fue, incluso, parte de la coordinación de campaña de David Monreal en Zacatecas.

En mayo de 2021, días antes de las elecciones en Zacatecas, la candidata Bibiana Lizardo, del Partido Movimiento Dignidad, anunció que iba a presentar una denuncia en contra de Del Río Venegas, por su evidente activismo en la campaña electoral de David Monreal, a pesar de estar impedida, por ser una servidora pública.

En efecto, el párrafo décimo de la Fracción 8 del inciso A del sexto Constitucional dice que los comisionados del Inai “no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político”.

Los senadores “vamos a resistir las presiones”, dijo ayer Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Frente a tanto cabildeo, sin duda que los senadores tienen frente a ellos dos retos: resistir las presiones y evitar el colapso del Inai por la injerencia directa de actores políticos ajenos a él.