Corrupción: la hierba mala que nunca muere

México suma 43 años continuos de intentos fallidos por vencer a la corrupción. Como si se tratara de una hierba mala que inunda todos los rincones de la administración pública en el país, la corrupción se afianza en la historia del país, hasta llegar al colmo de inundar al incipiente Sistema Nacional Anticorrupción que pretendía poner fin a este cáncer nacional.

Pero, además, desde hace 200 años existe el esfuerzo constante por la revisión exhaustiva del manejo correcto de las finanzas públicas, nido frecuente de la corrupción, sin que los resultados hayan impactado de manera decidida para lograr un manejo pulcro, responsable, republicano del dinero público y luego de un periodo corto de un trabajo realmente duro, la Auditoría Superior de la Federación está convertida nuevamente en una legitimadora el uso del erario por parte del oficialismo en turno.

Hace 43 años, el 10 de enero de 1983, nació la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, para hacer realidad la promesa de campaña de Miguel de la Madrid de lograr una renovación moral en servicio público, luego de un sexenio plagado de corrupción, encabezado por José López Portillo.

La Secretaría de la Contraloría se convirtió después en la Secretaría de la Función Pública y ahora es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En ese lapso de tiempo, que abarca este siglo, se realizaron esfuerzos adicionales para fortalecer los esfuerzos anticorrupción, que incluyeron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, desaparecido el año pasado.

Existente desde 1812, la Contaduría Mayor de Hacienda fue la instancia encargada de revisar que se gastara de manera correcta el dinero que emana de los impuestos de la población. Luego de varias reformas que crearon y desaparecieron instancias que la fortaleciera, a partir de 1867 se mantuvo estable hasta el año 2000, cuando se creó la Auditoría Superior de la Federación.

Después de una reforma en la que participaron todas las fuerzas políticas, se creó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que después se transformó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Y como corona de ese esfuerzo contra la corrupción, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, que iba a coordinar el trabajo de la Auditoría, la Secretaría, el Tribunal y todos los órganos internos de control y comisarias, a fin de revisar la evolución patrimonial de los servidores públicos, detectar casos de corrupción, investigarlos y denunciarlos penalmente, con la novedad de que la columna vertebral de esa coordinación serían, por primera vez, ciudadanos que no fueran servidores públicos ni militantes de partidos políticos.

Pero en este 2026 es evidente que el modelo fracasó, porque el denominado Comité de Participación Ciudadana incurrió en una serie de irregularidades, grillas internas, chismes y hasta confrontaciones infantiles que hirieron de muerte al Sistema y ahora Morena quiere hacer otro modelo y dejar morir el sistema actual.

¿Cómo? Primero fue la omisión del Senado para nombrar a quienes ocuparan las vacantes en el Comité y después la decisión de no renovar contrato a los dos únicos integrantes que quedarán, porque sus decisiones ya no tienen peso jurídico, dado que ellos dos no son ni la mitad de un pleno que debía integrarse por cinco personas, por lo que no hay quórum.

Mientras en el país se conocen casos de enriquecimiento inexplicable de diputados, regidores, alcaldes, dirigentes partidistas, senadores, indigna escuchar y leer evidencias de que en el Comité de Ciudadanos, que iba a combatir la corrupción, hay plagios, violación a la ley por tener dos trabajos, firmas inexistentes en nombramientos y chismerío interno, porque comprueba que la corrupción es una mala hierba que no muere.