La protección política de la delincuencia organizada es el uso del poder del Estado para beneficiar a los criminales. En lugar de defender los intereses de la sociedad, las autoridades benefician los intereses particulares de las mafias. En el extremo, la criminalidad puede capturar al Estado financiando y operando las campañas electorales, controlando los partidos, nombrando a los funcionarios, manipulado la legislación, cobrando rentas, dirigiendo las policías y fiscalías, asignando contratos públicos, evadiendo impuestos, lavando dinero y manipulando la provisión de los bienes y servicios públicos.
¿Qué tan capturado está el Estado en México?
Hay, sin duda, territorios enteros donde manda la criminalidad organizada. Sin embargo, no es cierto que todo el país esté controlado por los cárteles, como suele repetir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Existen casos de captura municipal, estatal, sectorial e incluso en algunas instituciones federales (las aduanas, por ejemplo). Yo no creo que todo el gobierno federal esté trabajando a favor de los intereses de la criminalidad organizada. Tampoco que todas nuestras Fuerzas Armadas.
Sí, debe haber funcionarios y militares cooptados por la delincuencia, pero es un problema personal, no institucional.
Por eso resulta tan importante el caso de Sinaloa.
Es pública y notoria la captura de ese gobierno estatal por parte de la facción de Los Chapitos, del cártel de esa entidad. La 4T, cuyo líder fundador algún día dijo “a mí no me vengan con que la ley es la ley”, ahora se ha tornado defensora a ultranza de una legalidad estricta en la acusación que hace Estados Unidos del gobernador Rocha, el senador Inzunza y otros ocho funcionarios más por su presunta asociación con el Cártel de Sinaloa.
El gobierno estadunidense solicitó la detención provisional de las diez personas porque pedirá su extradición a Estados Unidos. Hasta ahora, todo lo ha hecho por la vía legal. El gobierno mexicano tiene derecho a denegar la petición del arresto precautorio. Así lo ha hecho so pretexto de que los estadunidenses no presentaron pruebas contundentes.
Las pruebas, sin embargo, llegarán cuando Estados Unidos haga la petición formal de extradición. No sé qué tanto revelarán, pero sospecho que tienen mucha evidencia para incriminar a Rocha, Inzunza y compañía. Al final, le corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores determinar si procede o no la extradición.
Yo no soy juez, pero creo que sí hay pruebas como para comenzar un proceso judicial en contra de los inculpados. Las historias en la prensa son apabullantes. De ser cierta la captura del gobierno sinaloense por parte de Los Chapitos, el Estado mexicano tiene la obligación de extirpar este tumor y castigar a los responsables.
Es lo que deseamos ver los ciudadanos de un gobierno federal que todavía no ha sido capturado por la criminalidad organizada.
Cuando la Presidenta se pone en un plano legalista extremo exigiendo pruebas contundentes y hasta defendiendo a los acusados por haber sido exonerados en ocasiones anteriores por una justicia mexicana defectuosa, la convicción de que no todo el aparato estatal ha sido capturado, como afirma Trump, flaquea.
Me pongo, por ejemplo, en los zapatos de un soldado mexicano de los que están combatiendo a los cárteles. El Estado le está pidiendo que, literalmente, arriesgue su vida en esta labor. De acuerdo con un reportaje de la agencia EFE del 16 de diciembre pasado, “las Fuerzas Armadas de México tuvieron dos mil 770 enfrentamientos con grupos delictivos en los últimos siete años” que resultaron en la muerte de “318 elementos del Ejército Mexicano, Armada de México y Guardia Nacional”.
¿Qué puede pensar este soldado cuando ve que, por un lado, el gobierno federal lo envía a misiones donde puede perder la vida y, por el otro, el gobierno estatal, que es del mismo partido que el federal, está al servicio de los criminales que pueden matarlo?
Ese soldado no es ningún tonto. O deserta o, al ver que los mandos políticos están del lado criminal, pues también se pasa de ese lado.
El resultado es una erosión del Estado que puede acabar siendo fatal.
Por eso resulta tan importante que la Presidenta, más allá de respetar la legalidad (que no lo hizo cuando expulsó a 92 criminales a Estados Unidos sin respetar su derecho a un debido proceso de extradición), defienda los intereses del Estado. Si no extirpa el tumor criminal que ya contaminó a su partido, el cáncer crecerá hasta hacerse realidad lo que dice Trump, es decir, que los cárteles son los que gobiernan todo México.
X: @leozuckermann