Al parecer, el gobierno de AMLO sí está entendiendo

La gente que arriesga su dinero en un país ve con recelo cuando su gobierno rechaza los términos acordados en los contratos. Si hoy se lo hacen a las empresas de gasoductos, mañana se lo pueden hacer a cualquiera. ¿Cómo confiar, en este sentido, en un gobierno que se comporta así?

Así, el tema de los contratos de los gasoductos estaba afectando el ánimo de invertir en México, que de por sí, después de la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco, estaba por los suelos. Algo cambió en pocas semanas para pasar de un tono y discurso agresivos del gobierno con las empresas transportadoras de gas natural a uno suave y conciliador.

¿Qué cambió?

Desde luego, está la reacción de las propias empresas que movilizaron todos sus recursos para defender sus intereses. Para empezar, sus abogados. Estamos hablando de los mejores despachos del mundo, quienes, con toda seguridad, ganarían el litigio. La CFE, según los expertos, no tenía posibilidad alguna de salir avante en el arbitraje internacional. Por el contrario, harían el ridículo y perderían aún más dinero de los contribuyentes mexicanos.

Más allá del tema jurídico, las empresas también movilizaron apoyos políticos. En defensa de TC Energía, empresa canadiense, salió el embajador de Canadá en México, quien mostró su preocupación pública de que México no respetara los contratos del sector energético. Ienova, filial de la estadunidense Sempra Energy (experta, como pocas, en el cabildeo político), logró que varias instituciones del vecino del norte presionaran al gobierno mexicano. El gobernador de Texas, Greg Abbott, le envió una carta al presidente López Obrador para que solucionara este tema que, según él, ponía en riesgo la aprobación del nuevo tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Carlos Slim, dueño de Carso Energy, contó, por su parte, con el apoyo de dos de las principales organizaciones empresariales mexicanas, que cabildearon al ala más pragmática y moderada del gobierno y participaron en la negociación del acuerdo anunciado esta semana.

Pero, más allá de estas presiones y la realidad de que México perdería el arbitraje internacional, lo que más cambió durante estas semanas es el contexto económico de México.

Por una parte, crecieron las probabilidades de una recesión mundial, lo que, sin duda, afectará a nuestro país. Por la otra, se publicaron números para llorar sobre la economía mexicana. La inversión privada presentó una fuerte caída y el crecimiento del Producto Interno Bruto se paró. De seguir por la misma ruta, el país, con toda seguridad, entraría en una recesión tan pronto como este año.

El gobierno de López Obrador ya no podía darse el lujo de seguir enfrentando tan agresivamente a los capitales nacionales y extranjeros en el tema de los gaseoductos. Las circunstancias habían cambiado. Había que resolver, y pronto, este asunto. Presentar una nueva cara y narrativa más conciliadoras.

El acuerdo entre el gobierno y las constructoras de gasoductos es, en este sentido, una muy buena noticia. Al parecer, AMLO sí está entendiendo la dimensión de la desaceleración y estancamiento de la economía nacional. Aunque el Presidente minimice el problema diciendo que él tiene otros datos, en los hechos sí está reaccionando. Está mostrado una cara más pragmática y moderada que bien podría generar confianza empresarial, condición necesaria para animar la inversión privada.

Esta buena noticia se complementaría estupendamente si, en las próximas semanas, el gobierno de López Obrador reanuda las subastas de campos petroleros para que puedan participar las empresas privadas en este sector. Eso enviaría otra nueva señal de que están dispuestos a hacer todo lo posible para evitar una recesión económica; que no les gana la tripa ideológica, sino un buen olfato político, porque las recesiones siempre caen mal en la opinión pública nacional.

                Twitter: @leozuckermann