Y, además, una Fiscalía Anticorrupción débil
La Fiscalía no tendrá la independencia necesaria. Ha quedado definida como una institución con “autonomía técnica y operativa”, pero no política. Al fiscal lo nombrará el Senado por una votación calificada de dos terceras partes. El Presidente, sin embargo, podrá removerlo por “causas graves que establezca la ley”.

Leo Zuckermann
Juegos de poder
En el programa que conduzco en FOROtv, nuestro colaborador Andrés Antonius había sido muy consistente al insistir que la llamada #ley3de3 (la obligación de publicar las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales de los gobernantes) tendría un impacto menor en el combate a la corrupción. Una y otra vez había argumentado que el elemento más importante de la legislación debía ser la construcción de una Fiscalía fuerte con los recursos necesarios para investigar y perseguir a los corruptos. El martes, ya aprobadas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, le pregunté al aire si había quedado satisfecho con las disposiciones relacionadas con la nueva Fiscalía especializada. Para mi sorpresa, me contestó que no. Ahora, a partir de los datos que recabó Antonius y lo que pude encontrar en la legislación aprobada por el Congreso, entiendo por qué. Desafortunadamente todo apunta a que tendremos una Fiscalía más bien débil. A continuación las razones:
1. La Fiscalía no tendrá la independencia necesaria. Ha quedado definida como una institución con “autonomía técnica y operativa”, pero no política. Al fiscal lo nombrará el Senado por una votación calificada de dos terceras partes. El Presidente, sin embargo, podrá removerlo por “causas graves que establezca la ley”. Una mayoría simple de senadores podrá objetar la remoción del Fiscal dentro de los diez días hábiles después de que el Ejecutivo Federal haya tomado dicha decisión. Si esto ocurre, el funcionario regresará a su puesto; de lo contrario, si el Senado no se pronuncia, abandonará el cargo.
2. El Presidente, además, será el encargado de vigilar a la Fiscalía. Esto debido a que el Órgano de Control Interno será el mismo que el de la Procuraduría General de la República, cuyo titular, según la ley, lo nombra la Secretaría de la Función Pública, institución dependiente del Presidente. Así que, no sólo el jefe del Ejecutivo vigilará al Fiscal —y, si quisiera, podría hacerle la vida de cuadritos a través de su contraloría— sino que, si cuenta con una mayoría en el Senado, podría removerlo en caso de resultarle incómodo.
3. El fiscal será un subordinado del Procurador General de la República. La ley lo obliga a acordar con él o ella quiénes serán los titulares de las unidades administrativas y direcciones generales, salvo los puestos secundarios que no realicen funciones sustantivas. Al Procurador deberá proponerle el nombramiento de los agentes del Ministerio Público por designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en la materia de corrupción. Los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas del fiscal no podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Procurador. Es muy claro: el Fiscal no será un empleado del Procurador pero sí es una especie de subalterno.
4. El fiscal deberá pedir permiso para investigar en ciertas instancias. Por ejemplo, tendrá que solicitarle al procurador el acceso directo a la información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad así como de las unidades de inteligencia patrimonial de las entidades federativas.
Como puede verse, en su diseño actual, la Fiscalía Anticorrupción depende mucho de la buena voluntad del Presidente y de un subordinado de éste: el procurador. Hay que recordar, empero, que la Procuraduría está en proceso de convertirse en una Fiscalía General autónoma del Presidente. Cuando esto suceda, el Fiscal Anticorrupción será menos dependiente del Ejecutivo Federal pero seguirá siendo un subordinado del Fiscal General y, siempre, con la espada de Damocles de poder ser removido por el Presidente y una mayoría simple en el Senado.
Concuerdo con Antonius que, por el tamaño del problema de la corrupción en México, nos quedamos cortos con el tema de la Fiscalía. Requeríamos una más fuerte y con mayor independencia. Si a eso le sumamos los esperpénticos artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades —que ahora el presidente Peña está analizando vetar (cuando él aprobó su redacción ya que su partido, el PRI, no se manda solo)— no entiendo por qué hay colegas que andan festinando tanto las leyes de un Sistema Nacional Anticorrupción que carecerá de dos de sus elementos centrales: una Fiscalía fuerte y la obligación de los gobernantes de publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.
Twitter: @leozuckermann