La narrativa perdida del Poder Judicial

El Poder Judicial desempeña un papel fundamental en las democracias, ya que tiene la responsabilidad de garantizar el Estado de derecho, proteger los derechos individuales, resolver conflictos legales de manera imparcial y ser un contrapeso a los poderes e instituciones, asegurando que ninguno de ellos acumule demasiado poder o viole la Constitución.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza del Poder Judicial, ha ido ganando relevancia por resolver temas cruciales para la vida de las personas en concreto y, particularmente en este sexenio, para poner límites a los intentos legislativos y de gobierno para actuar al margen de la Constitución. Algunos ejemplos de sentencias muy relevantes para la vida cotidiana de las personas, emitidas por la Corte en los últimos años, son:

La que instruyó a las instituciones públicas de salud a garantizar el tratamiento requerido por los pacientes de VIH/Sida de forma oportuna, permanente, constante y sin interrupciones; la que ordenó el resarcimiento e indemnización a los consumidores por fallas en la prestación del servicio de telefonía celular; la que establece que el derecho a la compensación económica en favor del cónyuge que se dedicó preponderantemente a las tareas del hogar no puede depender de que una ley local lo reconozca expresamente; la que ordenó la inclusión de un recién nacido con síndrome de Down en la póliza familiar de gastos médicos mayores; y la que otorgó un amparo en contra de una convocatoria de trabajo en la que se especificaba la edad requerida de entre 25 y 45 años, por considerarse, ante el tipo de trabajo a realizar, dicho requisito, discriminatorio.

Además, están las sentencias que tienen impacto en la vida institucional del país y que afectan a la población en general, como la que declaró inconstitucional transferir el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional; la que invalida el acuerdo que declaraba obras y proyectos del gobierno federal como de seguridad nacional para evitar entregar información; o la que ha permitido al pleno del Inai sesionar con menos comisionados de los necesarios, debido a la falta de su nombramiento por parte del Senado.

Si es así de relevante el papel del Poder Judicial, ¿por qué, a diferencia del INE, no ha tenido un apoyo ciudadano masivo, ahora que está bajo asedio de la narrativa presidencial y que la Cámara de Diputados ha desaparecido trece de sus fideicomisos bajo el argumento de la eliminación de excesos y privilegios de los ministros?

Alguna pista puede darnos el Informe Hallazgos 2022: Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México, que reporta que la percepción de corrupción de las personas juzgadoras se incrementó en 67.3 por ciento. Por otro lado, México Evalúa consigna en 2022 un índice de impunidad del 96.3% de los casos conocidos por el Ministerio Público; que sólo el 14.1% de las víctimas logró acceder a la reparación del daño; y que el 57.9% del 43% de los casos no resueltos están “archivados temporalmente”.

En síntesis, la experiencia con el Poder Judicial, más allá de la Corte, por parte de los ciudadanos no es satisfactoria. Si a ello le sumamos el discurso en contra de los privilegios, al que ya se ciñeron el Ejecutivo y el Legislativo —aunque pueda ser falso para el caso de los fideicomisos que garantizan derechos laborales de los trabajadores—, se explica por qué el Poder Judicial está perdiendo la narrativa.

Es muy probable que el Senado apruebe la extinción de los fideicomisos y caiga una lluvia de solicitudes de amparos sobre los que habrá de resolver el propio Poder Judicial, pero, por lo pronto, de esta discusión, el Poder Judicial saldrá, quizá, más raspado de lo que ya está.

Politóloga e internacionalista