Consulta popular y elecciones en Estados Unidos

El artículo 4° de la Ley Federal de Consulta Popular, Reglamentaria de la Fracción VIII del 35 Constitucional, define la consulta popular como “el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho constitucional para, a través del voto emitido, expresar su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional”. 

La consulta puede ser solicitada por al menos el dos por ciento de la lista nominal de electores. Los resultados de la consulta serán vinculatorios si en ella ha participado al menos el 40% del padrón. 

El presidente López Obrador insiste en que se utilice este mecanismo para conocer la opinión de los mexicanos sobre la conveniencia de enjuiciar a los expresidentes de la República, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Una vez obtenida la opinión favorable de realizar la consulta, dichos exmandatarios serían sometidos a juicio por actos que se precisarían cometidos en sus sexenios. En varios países se han enjuiciado a jefes de Estado incluso en funciones por autoridades previamente constituidas. El asunto ha provocado gran atención no sólo por la relevancia de los señalados, sino también por la novedosa intención del gobierno de explorar el parecer popular antes de que se inicie cualquier acción legal que de por sí podría plantearse.  

Es evidente que cualquier acusación debe estar bien definida para detonar un proceso judicial que no se deseche por inadmisible. El que se llame a cuenta a los expresidentes por actos indebidos ejercidos durante sus gestiones tendrá validez sólo si se fundamentan bien las acusaciones. No se crea que se trate de un juicio en la plaza pública donde Juan pueblo será el juez y verdugo. Se trata de precisar si se abusó de los poderes constitucionales conferidos. Si se tratara sólo de aquilatar los méritos o fallas de pasadas gestiones presidenciales, bastaría atendernos a los juicios que la historia les reservó.

López Obrador debe reflexionar acerca de que también él está bajo la lupa del juicio popular aún antes de que termine su administración. En el teórico caso de acumular una clara masa crítica opositora a su actuación, el mecanismo de revocación de mandato ya contemplado en la Carta Magna le espera tras bambalinas.

Este recurso extremo escapa al término constitucional republicano de seis años, lo que significa irrumpir en la marcha normal de la democracia e interrumpir los procesos de gobierno en curso. Al requerir nuevos comicios para escoger un nuevo presidente se provocan inevitables confusiones internas e internacionales.

Para una ciudadanía que tenga tan irreprimible interés en deshacerse de su gobernante, tomamos nota que el sistema parlamentario soluciona el asunto de raíz con el voto de censura que obliga al partido en el gobierno a convocar elecciones generales para formar un nuevo gobierno. 

En Estados Unidos, con un mandato presidencial de sólo 4 años extendible a otros tantos iguales, la rotación del cargo es más ágil, sin privar al Congreso de poder enjuiciar al presidente, como se intentó en los casos de Nixon, Clinton y Trump.   

El sistema político norteamericano induce al presidente a hacer campaña cada cuatro años, lo cual puede estimular una mayor participación ciudadana en los comicios. En esta ocasión las precampañas de los dos partidos de las últimas semanas han presentado candidatos diametralmente opuestos en cuanto a su trato familiar, social, político y más aún en principios y las ideologías que norman su comportamiento.

La seductora empatía de Biden obligó a los organizadores de la campaña de Trump a fabricarle una imagen asombrosamente distinta a la de su bien conocida realidad de alardes populistas, erráticos desplantes, decisiones arbitrarias y tácticas desconcertantes.   

Faltan pocas semanas para conocer por cuál de las dos antitéticas opciones optará el electorado. Nos interesa prever el tono y propósitos del próximo presidente norteamericano en muchos campos. En materia comercial, el flamante T-MEC, plantea complicadas cláusulas sin estrenar. Cuestiones importantes de interés bilateral y mundial como las ambientales, migratorias, financieras o de colaboración internacional.

A la luz de los asuntos de tan pesada trascendencia para nuestra vida familiar o nacional, la consulta sobre la decisión del pueblo de enjuiciar a los expresidentes no merece más que marcar su incongruencia con el momento. Seguir gastando tiempo y tinta en una grotesca propuesta, por demás inviable, sólo se explica como artificio para distraer la atención nacional de la rampante corrupción, que incluso al Presidente atrapa, de problemas acuciantes del presente y del futuro. Las deficiencias de la gestión del licenciado López Obrador están dando pie a que muchos tomen muy en serio la posibilidad de revocarle su mandato. ¡Cuidado!