Para aquellas personas que conmutan su dolor por la paz de su ser querido.
El 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo, quien tenía 25 años, murió mediante un procedimiento de eutanasia después de librar una larga batalla judicial que se prolongó desde el 2 de agosto de 2024, fecha en la que debió haber ejercido su derecho a una muerte digna. Sin embargo, múltiples recursos impidieron que se cumpliera su voluntad. Esta finalmente fue respetada después de 601 días y numerosos litigios promovidos, principalmente, por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que, junto con el padre de la joven, intervino para detener la eutanasia. Se oponían a la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia de España, aprobada en marzo de 2021. Durante el prolongado desenlace para ejecutar la decisión de la solicitante se abrió el debate sobre quiénes pudieran estar legitimados para impedir la última voluntad de una persona de morir con dignidad.
Noelia, originaria de Barcelona, vivió y creció bajo los cuidados de los servicios sociales del gobierno; antes de ello perteneció a una familia disfuncional, según se menciona en distintos reportes periodísticos. De hecho, manifestó públicamente las diferencias con su padre, quien, argumentaba, nunca se hizo cargo de ella. Igualmente, se relata que sufrió abusos y agresiones sexuales. Fue en octubre de 2022 cuando decidió terminar con su vida arrojándose desde un quinto piso. Sin embargo, su situación sólo se agravó: sobrevivió, pero con una lesión medular que le ocasionó paraplejia, acompañada de dolores muy intensos y crónicos.
No obstante que la ley es altamente garantista para quienes sufren un padecimiento grave e incurable o crónico, para que el procedimiento de eutanasia pueda proceder en España debe cruzar tres filtros, el de médicos, juristas y bioéticos, es decir, una comisión integrada por todos los anteriores, quienes deberán velar por todos los derechos que deben tutelarse. En el caso que nos ocupa, los filtros fueron cubiertos debidamente, pero, sobre todo, prevaleció la voluntad de Noelia de poner fin al “sufrimiento insoportable, grave y crónico” que se encontraba ya documentado por especialistas. Su caso se convirtió en el primer proceso judicial en el país ibérico contra una eutanasia previamente autorizada. En el camino recibió el aval de los 19 integrantes de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y atravesó diversas instancias judiciales: juzgados de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e, inclusive, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Si bien, como se ha dicho, el de Noelia constituye un caso sin precedentes por la batalla judicial emprendida para impedir una eutanasia ya autorizada, es importante mencionar otro antecedente decisivo que contribuyó a elevar el tema a una discusión nacional: María José Carrasco. Sufrió durante décadas esclerosis múltiple y fue en abril de 2019, antes de la existencia de la ley en cuestión, cuando su esposo, Ángel Hernández, en un acto de profundo y generoso amor, desde mi perspectiva, la ayudó a morir después de que ella se lo solicitara de manera reiterada. Si bien con el tiempo Hernández resultó exculpado, la situación, repito, abrió la discusión sobre la necesidad de regular la muerte asistida.
De acuerdo con información del diario El País, España forma parte del reducido grupo de países que han regulado la eutanasia bajo determinados requisitos, junto con naciones como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. En nuestro país tenemos leyes que han mostrado algún tipo de cercanía con el tema, pero que aún se han quedado “cortas” respecto de su alcance y magnitud. Pero ese será un asunto para la siguiente entrega.
Para cerrar hoy nuestra Área común, un pensamiento del cual no tengo certeza sobre la fuente, he de admitirlo, aunque suele atribuirse a Franz Kafka: “Me avergoncé de mí cuando me di cuenta que la vida era una fiesta de disfraces y yo asistí con mi verdadero rostro”.