Profesionistas
El asunto de certificarnos es de la mayor importancia, ocurre que sabemos de un médico negligente cuando se le muere el paciente, un abogado corrupto cuando pierde el juicio, un ingeniero o arquitecto malo cuando se cae la casa o la unidad habitacional siempre se inunda con las lluvias...
México firmó el Tratado de Libre Comercio con los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, en 1993, ahí se acordó homologar, evaluar y acreditar la educación superior con normas equivalentes y certificar el ejercicio profesional de algunas carreras.
Los senadores Enrique Burgos García, María Cristina Díaz Salazar, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís y Roberto Gil Zuarth, presentaron una iniciativa de ley para crear la ley general del ejercicio profesional que obligará a los profesionistas a colegiarse y certificarse para lo que su actividad profesional esté vinculada con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas. La colegiación es para identificar quiénes y cuántos somos y la certificación es para garantizar ética, moralidad y probidad en los servicios otorgados a la sociedad. Esto se realizará por conducto de cinco colegios nacionales y cinco por estado supervisados por una comisión interinstitucional, un sistema nacional de profesiones y un registro nacional de actividades profesionales.
El asunto de certificarnos es de la mayor importancia, ocurre que sabemos de un médico negligente cuando se le muere el paciente; un abogado corrupto cuando pierde el juicio; un ingeniero o arquitecto malo cuando se cae la casa o la unidad habitacional siempre se inunda con las lluvias; un veterinario maloso cuando se muere el perro o el gato al día siguiente de entregarlo; un contador cuando su cliente está en la cárcel por no pagar impuestos correctamente o un piloto adicto cuando se le cae el avión. Por estos y muchos más ejemplos es conveniente la certificación, examinándose cada cinco años. El asunto es que la ley propone que sean los colegios los que tengan esta responsabilidad. El ministro José Ramón Cossío reflexionó en su artículo del periódico El Universal: “Como está propuesta la colegiación puede pulverizar la representación gremial, la independencia de los colegios, la formación de grupos de poder y las limitantes al ejercicio de la profesión”. ¿Y cómo no, si, de entrada, a la construcción de esta iniciativa sólo convocaron a líderes de abogados vinculados a la empresa y los negocios, qué garantía tendremos de que los colegios no se conviertan en cotos de poder? ¿Y la pérdida de autonomía al estar subordinados al gobierno? ¿Y los incómodos profesionistas que no coinciden con algunos gobernantes? ¿Recibirán “sugerencias” los colegios? ¿Por qué no buscar el equilibrio y evitar suspicacias..? Mejor certifiquen las universidades de calidad suficientemente acreditada del país. Sabemos que los títulos universitarios no acreditan la calidad de los profesionistas y sus conocimientos, lo que sí hacen es igualar a instituciones académicas de desigual calidad.
No hay escuela mala, sí alumno flojo. Se puede estudiar en la mejor universidad pública o privada “y ser una papa”, lo contrario es estudiar en las del siguiente escalón académico y el egresado “ser una lumbrera”, no hay regla escrita. Por ello, la propuesta ideal sería combinar la colegiación con una certificación otorgada por las universidades que tienen la infraestructura educativa. Así, los colegios darían fe y solamente llevarían los registros administrativos y protocolarios entre gobierno y los profesionistas mexicanos. ¿O no, estimado lector?
*Presidente del Congreso Nacional de la Abogacía