Gobernar con las patas

Esa es la tragicomedia de la que ahora somos espectadores: la imbecilidad de Cuauhtémoc Blanco El Cuau para gobernar Cuernavaca. Lo que parece un ataque al político y exfutbolista, en realidad es una defensa a quien es víctima de una sociedad bananera que lo ha elegido para verle hacer el ridículo. Al más puro estilo medieval, y con el papel del bufón, a los electores de El Cuau les ha parecido chistoso que una figura pública del deporte nacional tome las principales decisiones políticas, económicas y sociales de la capital de Morelos, sin importar si tiene capacidades para poder hacerlo. Este experimento político no sólo evidencia el bananerismo democrático que impera en varias zonas del país, sino que también pone al rojo vivo la crisis política y constitucional que puede generar un individuo que ha llegado al poder político por el mérito de haber ganado aplausos en los estadios. No se trata de desdeñar a los deportistas que incursionan en la política, sino de que quien lo haga cuente con probadas capacidades para gobernar.

La envalentonada afrenta de El Cuau contra el gobernador de Morelos tiene un trasfondo político y otro jurídico–constitucional. El primero ya lo reveló con nitidez el gobernador Graco Ramírez, al advertir que la única hipótesis plausible es el control de la plaza de Cuernavaca por parte de los grupos criminales. Se trata, así, de dos posibilidades: contubernio o extorsión para no dejarse auxiliar por un Mando Único Policial. En el escenario de crisis de seguridad que hoy enfrenta la entidad, cualquier gobernante local brincaría por el auxilio de fuerzas federales y estatales que garanticen capacidad para combatir y garanticen la integridad de sus ciudadanos e, incluso, del propio gobernante.

De ahí el sinsentido que tiene la puntada de El Cuau al pretender responsabilizar al gobernador por cualquier atentado a su integridad, ante la osadía de emitir un decreto para instaurar el Mando Único, producto de los altos niveles de violencia, y evidenciados con el brutal asesinato de Gisela Mota, alcaldesa electa de Temixco. En todo este embrollo, también hay causas atribuibles a la desidia y la falta de responsabilidad por parte del gobierno federal. Me refiero a la inacción para impulsar una agenda legislativa que proponga nuevas figuras o retome las propuesta planteadas el gobierno de Felipe Calderón, respecto a la necesidad de generar la figura de Estado de Excepción que, entre otras cosas, regularizara la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate contra los grupos delictivos más peligrosos. En esa tesitura también se ubica la elevación a rango constitucional de la figura del Mando Único, de tal manera que deje de ser una determinación que se rija por la vía del decreto. No se trata de un mero formalismo legal, sino de otorgar garantías a los ciudadanos para institucionalizar un esquema de coordinación permanente y eficaz de las fuerzas de seguridad, en las que también participen de forma limitada los efectivos militares. Todo con la finalidad de garantizar cuerpos de seguridad más confiables ante la infiltración criminal, así como un mayor profesionalismo y capacidad de reacción. Esto se constata al observar el Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014 -2018, el cual establece que “El Gobierno de la República apoyará la decisión de cada estado sobre el modelo de Mando Único Policial y el esquema operativo por el que opte…”. Es decir, la actual política federal en materia de Seguridad Pública es la de un espectador que observa a las 32 entidades, haciendo lo  que se les pega la gana; por lo que no existe una política rectora preocupada por homologar la calidad de la seguridad pública que recibe un ciudadano en el país.

Si a lo anterior agregamos que nuestra Constitución sigue manteniendo intacto el principio de respeto de ámbitos de atribución, al señalar que la seguridad pública es una función de la Federación, los estados y municipios (artículo 20), entonces tenemos la posibilidad real de que prospere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional planteada por otro alcalde de Morelos para declarar inconstitucional el decreto de Mando Único.

Ante tal escenario, podrían darnos la sorpresa de que El Cuau, podría contar con la razón legal, al resultar endeble el asidero constitucional del decreto emitido por el gobernador para generar soluciones ante la crisis de criminalidad en Morelos. Situación que resultaría kafkiana, toda vez que afirmaría que quien gobierna con las patas y hace gala de su absoluta  irresponsabilidad e ignorancia en el manejo del poder político, le puede ganar la partida a quien lo hace con conocimiento, seriedad y responsabilidad de Estado.