México y el carril reversible de la 4T

Lo anterior fue desarrollado en La negociación del conflicto, metáfora de la nostalgia y el resentimiento (Excélsior, 29 de diciembre, 2018) como posible escollo de la entonces naciente administración sexenal: la negociación del conflicto en toda acepción conceptual y el empeño en mostrar “un país que viaja al futuro permanentemente viendo por el retrovisor, metáfora de la nostalgia y el resentimiento”.

Ante los próximos comicios del 6 de junio, con 94 millones 800 mil ciudadanos empadronados, los más complejos de la historia por la renovación de la Cámara de Diputados (300 de mayoría, 200 de representación proporcional), 15 gubernaturas, todos los Congresos locales, excepto en Coahuila y Quintana Roo (Excélsior, 10 de febrero, 2021), se presenta reiterada crítica al ente organizador, árbitro de la contienda política, por parte del grupo en el poder autollamado 4T, cuyas voces lo mismo se han hecho escuchar desde el Poder Ejecutivo federal (incluidos integrantes del gabinete), Poder Legislativo (partidos aglutinados en la 4T) y gobernadores, que empresarios y líderes sociales afines. Y podría considerarse coyuntural, pero también se entendería como la intención de anular la autonomía del Instituto Nacional Electoral, retroceder en la ciudadanización de los comicios electorales y retornar los esquemas de una Secretaría de Gobernación “organizadora” de votaciones.

La nostalgia por controlar los procesos electorales por parte del Ejecutivo federal pertenece al México de 1977, cuando el gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que decantó en la integración de la CFE (Comisión Federal Electoral) y permitió la participación de partidos políticos con registro. Dicha comisión quedó conformada por el secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político y un notario público.

En este esquema se realizaron las votaciones de 1988, bajo la responsabilidad de Manuel Bartlett Díaz y con el triunfo de Carlos Salinas de Gortari.

Como segundo destino, se estaría refiriendo la desaparición de diputados plurinominales para ubicarnos también en el contexto de mediados de los 70, un México con la llegada a la presidencia de José López Portillo el 1 de diciembre de 1976, en plena crisis económica, social y política, la cual urgía modificaciones estructurales, incluyendo la participación política.

Entre muchos cambios, se presentó la modificación al sistema representativo para configurar un sistema mixto —de distritos uninominales de mayoría y de distritos plurinominales de representación proporcional— con dominante mayoritario. Nacieron los “plurinominales”.

Al respecto, Jorge Carpizo, en su obra Estudios constitucionales, sintetizó “…en una palabra, se intenta que el sistema político mexicano pueda seguir operando y no vaya a ser desbordado por no poderle ya dar cauce a los problemas del país”. Las circunstancias que subyacen en dichas consideraciones incluían los grupos sociales clandestinos con acciones políticas ideológicas radicales y hasta estrategias guerrilleras, pasando por secuestros y robos; nacimiento de sindicatos no controlados por el gobierno, crisis económica, inequidad política, aumento de ciudadanos en situaciones de pobreza y pérdida de la confianza en el sistema, entre otras.

Con más de un tercio recorrido del actual sexenio y pretendiendo transitar por un “carril reversible político”, se modifican los adagios para considerar que México es un país que, permanentemente viendo por el retrovisor, (ahora) viaja al pasado, observando al frente un futuro del cual se aleja y que, al menos políticamente, pretendería llevarnos a dos viejos lugares: un partido en el poder que a través del Ejecutivo federal realiza los procesos electorales, y una Cámara de Diputados sin posibilidad de disentir para no modificar ni una coma de lo que se le indica “legislar”.