El asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz exhibe con claridad meridiana el ecosistema de corrupción y connivencia entre autoridades y crimen. Más grave aún, el Estado no reconoce el problema y las instituciones de derechos humanos no defienden decididamente la libertad de expresión y hasta parecen respaldar a quienes vulneran a las víctimas.
Los “focos rojos” llevan años encendidos, pero la alerta no basta para ser vista ni escuchada. La impunidad y falta de acción judicial normalizan la violencia y facilitan su avance. En México se acumulan expedientes de 176 periodistas asesinados y 33 desaparecidos en dos décadas como prueba fehaciente de la impotencia de la justicia para cortar el fuego de la violencia. Quienes la convierten en mero asunto general y cotidiano, lo que buscan es pavimentar su curso.
Que hoy se denuncie un ataque contra un periodista cada 19 horas ya no conmueve ni genera responsabilidades. Peor aún, la última recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa parece pretender borrar hechos y responsables para exculpar a militares. ¿Qué puede pensar un periodista que arriesga su vida por revelar crímenes, corrupción y violaciones a derechos humanos como los que se mancillaron en uno de los episodios más vergonzosos para el Estado mexicano de la historia moderna? De las mayores amenazas contra la prensa son el ataque a la crítica y a los que investigan violaciones a libertades fundamentales.
Podría pensarse que tienen éxito quienes quieren que estos crímenes no duelan a la sociedad o que formen parte del paisaje de violencia del país. La escasa exigencia para investigar y sancionar reduce el costo de silenciar a la prensa en la zona gris entre crimen y poder político. Lo que logra evidenciar es su percepción hacia los valores democráticos y los derechos como estorbos para el ecosistema de la corrupción y el crimen.
El caso de Guzmán fue distinto al de otras víctimas, incluso al de Alex Serna, en Guerrero, asesinado por las mismas fechas. La viralización de la grabación de su plagio, hecha por ella misma, sacudió a un país acostumbrado a esas agresiones. La indignación escaló rápido al nivel federal y obligó al gobierno de Sheinbaum a una respuesta rápida, que demostró el papel clave de la presión social en la protección de la prensa.
La detención de cuatro policías acusados del secuestro y homicidio evidenció una realidad que el Estado y las instituciones de derechos humanos evitan asumir: la principal fuente de violencia contra la prensa no es sólo el crimen organizado, sino su vínculo con autoridades, sobre todo locales.
No identificar la naturaleza del problema sirve para evadirlo y encubrirlo. También conviene a quienes buscan que la sociedad no sienta cercana la muerte de periodistas, reduzca su reclamo y con ello aumente su desprotección. Estos crímenes muestran que los generadores de violencia no están fuera del Estado, sino al interior de sus instituciones.
Para quienes buscan silenciar a la prensa resultan más cómodos casos como el de Serna, perdidos entre cifras de amenazas, agresiones, asesinatos, hostigamiento y acoso judicial. Desde hace 20 años las estadísticas crecen sin alterar otra: la impunidad superior a 95%. Ningún gobierno del PAN, PRI o Morena ha logrado abatir el problema, ni reducir significativamente los números, tampoco ha recibido mayor sanción por sus omisiones. Más bien sus gobiernos se han beneficiado del crecimiento de zonas de silencio y de la eliminación de la crítica.
Los desafíos para la prensa aumentan si la inacción del Estado se convierte en amenaza directa por la criminalización de sus propios muertos o cuando las instituciones intentan ocultar información y se ponen al lado de los agresores en vez de con las víctimas. ¿Qué protección pueden esperar los periodistas si órganos como la CNDH parecen defender a acusados, como los militares en Ayotzinapa, y revictimizar así a miles de otros desaparecidos? ¿Qué confianza puede haber si el acoso judicial y la estigmatización están fuera de su radar?
¿Qué seguridad esperar si órganos nacionales como ése parecen dispuestos a desacreditar 11 años de investigaciones de grupos de expertos independientes e incluso la oficial Comisión para la Verdad como condición mínima de justicia para las víctimas? La única conclusión plausible es que la persistencia de estos retos es el reconocimiento tácito del peor momento para la libertad de expresión en México y el mundo.