Costos, AMLO y consulta NAIM

La consulta sobre el futuro del NAIM marcará al próximo gobierno como ocurrió con sus predecesores, quienes empeñaron capital político en decisiones fracasadas. La convocatoria fue hecha de pronto, sin estudio ni preparación, con prisas, sin tiempo suficiente para una decisión informada.

La participación ciudadana para definir políticas y obras públicas que trascienden un sexenio es positiva para la democracia, pero mal hecha se desvirtúa y genera desconfianza en el Estado y en su capacidad de resolver conflictos como el que ha acabado por simbolizar la historia del nuevo aeropuerto.

En los 32 estados se instalarán hoy mil 73 mesas en 538 municipios donde habita más del 80% de la población, para recoger la opinión sobre la opción de construir el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía o continuar con Texcoco. Pero el destino de una obra clave para el futuro del país podría decidirse por el 1% del padrón electoral si participara el 50% del millón de boletas en el ejercicio, en un proceso convocado, por una parte, con preferencia sobre el resultado (gobierno electo) y conducida por su partido (Morena).

En el mundo hay experiencias de consultas públicas sobre infraestructura aeroportuaria, como la que decidió mantener abierta la terminal de Berlín Tegel cuando se inauguró la nueva Berlín-Brandeburgo Willy Brandt, o el revés de la decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de abandonar el aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes y zanjar así una batalla política de medio siglo sin importar el apoyo al proyecto en una consulta popular.

Ese caso simbolizó el enfrentamiento entre distintos modelos de desarrollo y puso a prueba la capacidad del Estado para imponer sus planes, igual que ha ocurrido en México con sus gobiernos de la alternancia desde el inicio del milenio por la necesidad de relevar al saturado aeropuerto de la CDMX. Pero de lo que no hay precedente es abandonar una obra con más de 20% de avance e inversiones por más de 100 mil millones de pesos, un tercio de su costo. La cancelación de Texcoco fue una promesa de campaña, que AMLO lanzó tras la nominación de su contrincante del PRI, Meade, como una repuesta política para diferenciarse de la obra emblemática de Peña Nieto y de la sombra de corrupción en los proyectos de infraestructura del sexenio.

Ante el cuestionamiento a su alternativa de Santa Lucía por más de 20 instituciones especializadas en aeronáutica y universidades, AMLO salió al paso con una nueva propuesta salomónica que permita diluir la decisión “entre todos” y evadir la responsabilidad del Estado ante un proyecto dudoso, a diferencia de la resolución de Macron.

La consulta atiende a su necesidad de respuesta política ante las críticas a Santa Lucía, sin tener que retractarse de la promesa de abandonar Texcoco, afectado por anomalías en el manejo de recursos, el impacto ambiental y el rechazo de ejidatarios de Atenco.

Una salida salomónica para satisfacer a todas las partes con propósito de ecuanimidad, que en fondo pretende poner a salvo la imagen de los costos que ahora tendrá que pagar con unos u otros por una consulta que se mira como el intento por legitimar una decisión tomada.

En este caso, la legitimidad de la respuesta a un conflicto más que la legalidad o no de la consulta serán las graves consecuencias para la confianza de un gobierno, cuando ni siquiera ha tomado posesión. Por supuesto, se han esgrimido argumentos legales sobre el incumplimiento de las normas para una consulta vinculante, pero más allá preocupa que el Estado se retraiga de su obligación de decidir ante un conflicto, como también en este caso, por visiones de desarrollo confrontadas entre detractores al interior de su propia coalición de poder y otros que defienden la obra como condición de modernidad.

Su decisión de calentar la consulta el día previo es sintomática de los destinatarios del mensaje cuando asegura que si gana Santa Lucía no habrá crisis económica ni devaluación, como han advertido (amenazado) los defensores del NAIM.