Nota roja de periodistas

La nota roja de cinco periodistas atacados y asesinados tan sólo este mes de marzo deja poco lugar a dudas de lo infructuoso del esfuerzo institucional para defender la libertad de expresión de la última década. Las leyes de protección se han quedado en papel mojado en un momento crítico y complejo para la prensa, principalmente en los estados, por la espiral de violencia. El funcionamiento de mecanismos y fiscales especiales son ficciones burocráticas que, como con otras instituciones, no convencen a los que necesitan salvaguardar.

2016 ya había sido un año violento, con un récord de 11 periodistas asesinados, aunque de mutismo de las instituciones. Si se pregunta por la percepción de periodistas con respecto al Mecanismo de Protección del gobierno federal, casi tres cuartas partes en situaciones de amenaza preferirían buscar ayuda en el círculo cercano de familiares o amigos antes que acudir a la autoridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y de Prensa en México 2016 de Parametría, Freedom House, la UIA con auspicio del Inai. Un universo mayor, cercano al 80%, desestima la protección oficial, como fue el caso de la periodista asesinada en Chihuahua, Miroslava Breach, y en el que, por tanto, tampoco se había detectado alguna situación de riesgo.

Los resultados muestran que sin el registro en el Mecanismo, el estatus y análisis de los contextos de los estados más violentos y amenazas es nulo o el de aquí no pasa nada. Su acción, reactiva, y las medidas de protección, inocuas. Botones de pánico. Pero, sobre todo, dan cuenta de que los puentes de comunicación con las instituciones están rotos y se articulan en el discurso oficial cuando un crimen alcanza visibilidad mediática. Si la desconfianza es concluyente con respecto al Mecanismo, el descrédito es palmario hacia las instancias para perseguir delitos como la Fiscalía Especial para Periodistas de la PGR y las estatales.

Más de 50% de los periodistas declara haber sufrido intimidaciones por su actividad profesional, mientras los crímenes permanecen sin resolver y casi 100% en la impunidad. En los estados, las averiguaciones se archivan como efectos colaterales de la violencia y la fiscalía de la PGR desiste de su facultad de atracción.

Es una paradoja que, a medida que avanzan reformas legales para garantizar la obligación del Estado con la libertad de expresión, también aumenta el deterioro de la percepción de la seguridad para ejercer la libertad de prensa. Por primera vez en 2015 el país recibió el estatus de “no libre” en libertad de prensa de Freedom House, tras más de una década de cambios institucionales para contrarrestar el ambiente de creciente amenaza contra la prensa. Si los primeros años de la guerra contra el narco a partir de 2006 dejaron una decena de periodistas asesinados, en el actual sexenio suman más de 30, según Artículo XIX.

Desde hace más de una década se crearon leyes y órganos para garantizar el acceso a la información pública, en 2007 se despenalizaron los “delitos de prensa”, para 2010, la fiscalía especial y, dos años después, el Mecanismo, pero han sido insuficientes para impedir que, sólo este mes de marzo, tres hayan muerto en Chihuahua y Veracruz.

La explicación de la contradicción puede buscarse en los laberintos burocráticos que, como el Mecanismo, tiene este año presupuesto básicamente para pagar la nómina, así como la ausencia de resultados de la fiscalía por inoperancia. Pero, sobre todo, no se debe obviar que son, otra vez, ejemplo de falta de conexión entre la lógica política de su funcionamiento y las necesidades reales de las personas. Otro ejemplo de la desconfianza hacia las instituciones de un público especialmente cercano a ellas porque, en el caso de los periodistas, a diario tienen el monitoreo de la forma como operan a través de su propio trabajo.