¿CICIG mexicana?

La designación del fiscal Anticorrupción es el proceso más cuestionado y accidentado de los cargos públicos de este gobierno, junto con la integración de la Fiscalía General que sustituirá a la PGR. Lo es en el mismo grado que la irritación por la corrupción, que marca el sexenio. La dilación y el repetido incumplimiento de plazos son la medida de la falta de voluntad política para atacar la impunidad, después de todo, en un país donde cada día se abren nuevas fosas que alojan a 30 mil desapariciones forzadas. Si la simulación y la agenda electoral por el relevo presidencial en 2018 otra vez se imponen, el último reducto sería la terciarización del sistema judicial con un órgano patrocinado por organismos internacionales.

Hace unos años la idea era lejana e inviable, pero ahora parece más cercana ante la acumulación de fracasos legislativos y políticas públicas del sistema judicial para atacar la corrupción. En los nuevos tiempos de aires nacionalistas en el mundo, la experiencia de una CICIG mexicana como la que en Guatemala procesó al expresidente Otto Pérez por corrupción gozaría de menor respaldo. Sin embargo, la creciente imagen del país como destino deshonesto para la inversión y el comercio la rescata. Sobre todo si miramos el impasse de justicia para castigar escándalos de corrupción. Y la crisis de confianza en las instituciones por incapacidad de respuesta de las autoridades para sancionar responsables como el exgobernador prófugo Javier Duarte y resolver casos complejos de delitos de violaciones a derechos humanos como Ayotzinapa o Veracruz. Menos aún para tomar una decisión de Estado con el “zar” anticorrupción.

No obstante la delicada crisis de justicia,  son ya tres años sin un nombramiento imprescindible para el funcionamiento de la Reforma Anticorrupción. Ahora, tras impugnaciones, se abre paso a la idea de aceptar un fiscal transitorio hasta 2018 y subordinado al procurador, sin presupuesto ni equipo, pero desvincularlo de la reforma a la ley orgánica de la PGR. Su misión sería poner en marcha la Fiscalía en el plazo legal para el sistema anticorrupción (julio próximo), mientras se resuelve derogar el “pase automático” del titular de la PGR a la Fiscalía General.

Pero el proceso se entrampó una vez más esta semana cuando senadores reclamaron al comité ciudadano del proceso “extralimitarse” por dar a conocer cuatro elegibles entre 23 aspirantes. Sus recomendaciones fueron al cesto porque los legisladores decidieron mandar la lista completa a la Jucopo para que ella escoja; ¿transparentará su evaluación? Dicho grupo de personalidades y académicos, calificado de “improvisado y a modo”, llegó hace dos semanas para rescatar la transparencia y la certeza que implicó la decisión de las ONG que han impulsado los cambios anticorrupción de desvincularse del proceso tras denunciar errores y fallas.

Las ONG están divididas. Un grupo propone desechar el proceso e incluso denuncian ante la CIDH una grave crisis de la justicia por la falta de independencia para combatir la impunidad sin criterios políticos. Objetan que el procedimiento para la transición a la Fiscalía General autónoma no responde a los estándares internacionales para el nombramiento de altos funcionarios y por ello desestiman que el Estado mexicano tome medidas apropiadas y necesarias para cumplir con tratados internacionales de derechos humanos y las convenciones para combatir la corrupción de la OCDE, la OEA y la ONU. En efecto, parecen preparar el terreno para reclamar una comisión internacional contra la impunidad.

¿Es momento de reforzar la presión para poder activar el sistema con una fiscalía transitoria o desechar el proceso? La respuesta la tiene la oposición en el Congreso, que deberá avalar el nombramiento y la reforma de la Ley Orgánica de la PGR, aunque sus legisladores parecen estar entre los desaparecidos del sexenio.