Anticorrupción: clase política vs. sociedad

La política es gesto y movimientos que envían mensajes, ademanes que hablan de lo que esconden discursos manidos de la clase política contra la corrupción, sin creerlos. También apuntan hacia algo que se gesta. Actos que implican una intencionalidad como se lee en el voto de 51 senadores en favor de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de los 59 que torcieron el gesto para mantener privilegios de los servidores públicos en la aprobación de las leyes anticorrupción en el Senado.

El voto es gesto. Unos obligados a responder a la exigencia ciudadana de mostrar compromiso contra la corrupción; otros urgidos para demostrar que la clase política no capitula ante la sociedad civil o que el incentivo de ocultar su patrimonio es mayor, incluso, que el costo electoral como el que pagó el PRI en las pasadas elecciones.

Abrir el patrimonio de los funcionarios al escrutinio público se convirtió en la cara visible de la voluntad de atacar la corrupción. Por eso la importancia del gesto, antes, incluso, de probar si el complejo sistema de 7 leyes anticorrupción servirán para poner un hasta aquí a la impunidad. Es un símbolo del malestar de la gente. Que ahora el rechazo de la mayoría en el Senado se traduce en la persistencia de la visión patrimonialista y de inmunidad del servidor público frente a la ciudadanía. El PRI y el Verde votaron en contra de discutir las reservas del PAN y PRD al artículo 29 de la iniciativa #3de3 sobre la publicación de las declaraciones patrimoniales, pero a la oposición no le alcanzó la mayoría porque legisladores petistas y panistas rechazaron la propuesta. El mensaje de los más de 600 mil ciudadanos que respaldaron la iniciativa fue despreciado por la clase política. Una muestra de que los políticos no entiende que el reclamo por enriquecimiento inexplicable, malos manejos o desviación de los recursos públicos, es el rechazo ciudadano al sistema de privilegios que los protege. El hartazgo obedece a que los políticos tienen recursos, seguridad e inmunidad para burlar la ley y mentir con desvergüenza sin que pase nada.

La negativa a dar ese gesto en modo alguno desestima los avances para construir un Sistema Anticorrupción robusto y con dientes que levante la veda de “peces gordos y flacos”. Pero dejar los formatos a un comité de participación del propio sistema y los criterios ajustados a la ley de Transparencia y datos personales, se lee como argucia para mantener el manto protector del Estado con sus funcionarios. Junto con la “manzana envenenada” de incluir la obligación de presentar declaración patrimonial a los particulares que reciban recursos públicos, en una jugada que los persuada a bajar la presión hacia la autoridad cuando se vote en la Cámara de Diputados.

Una parte de la clase política refleja no comprender la crisis de confianza y nueva correlación de fuerza con los particulares, aunque eso no los releva de responsabilidad penal por actos de corrupción. Como expresión de su visión patrimonialista se quejan de que el debate se centre, exclusivamente, en el sector público, sin entender que la responsabilidad de la autoridad es mayor que la de profesionistas y empresarios que participan en sus redes. La cúpula empresarial se puso a la cabeza de la iniciativa #3de3 e incluso denunció ante la OCDE el bloqueo del combate a la corrupción por el costo que ya supone para la economía y la inversión. Pero una parte de la clase política tampoco acaba de ver que el empobrecimiento del país y del propio Estado cambia el equilibrio de fuerzas en un tema que ya detiene la economía y la inversión.