El Holocausto, el genocidio maya en Guatemala, la limpieza étnica de la exYugoslavia, ISIS en Siria y el genocidio en Ruanda son algunos de los casos más cruentos y conocidos de crímenes de lesa humanidad en la historia. Sin ser equiparable, el fenómeno de violencia que sufrimos en México muestra ya rasgos preocupantes. “Se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, persecución de un grupo o colectividad, desaparición forzada de personas, otros actos inhumanos de carácter similar”.
Así define el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo que se entiende por crímenes de lesa humanidad, término que ha retomado fuerza en días recientes en nuestro país. Ello, a partir de que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU determinó llevar la violencia y las desapariciones en México a la Asamblea General, al considerar que existen indicios de este tipo de crímenes.
Desde el oficialismo la respuesta llegó, para sorpresa de nadie, con el mismo estilo: negación y descalificación. El señalamiento fue tildado de infundado y sesgado. Por ello, resulta necesario revisar, uno a uno, los elementos previstos en el propio marco jurídico para determinar si estamos frente a un exceso retórico o a una realidad que incomoda.
Para que exista un crimen de lesa humanidad debe haber un ataque sistemático contra la población civil. En México, si bien no se presenta de manera directa, sí se manifiesta de forma indirecta a través de la impunidad persistente, de señalamientos reiterados de complicidad en altos niveles y de una evidente insuficiencia estatal para proteger a sus ciudadanos. Los datos son elocuentes: más de 132 mil personas están desaparecidas, reflejando un aumento de casi un 75% de octubre de 2024 a octubre de 2025.
En materia de homicidios dolosos, de 2018 a la fecha se acumulan más de 200 mil muertos. En contraste, Ucrania, país en guerra, ha registrado alrededor de 140 mil bajas. México, sin un conflicto armado formal, registra más muertes que un país en guerra. A ello se suma el desplazamiento interno: tan sólo en 2025 cerca de 29 mil personas se vieron obligadas a abandonar su hogar debido a la incontenible violencia. En el tema penitenciario, más de 100 mil personas permanecen privadas de la libertad sin haber recibido sentencia, lo que representa 40% de la población en prisión. En delitos sexuales, las cifras también son alarmantes: cada hora, cerca de cuatro personas son víctimas de abuso sexual y, en promedio, dos mujeres son violadas.
Frente a este panorama, en modo alguno es desproporcionado o excesivo que organismos internacionales adviertan posibles indicios de crímenes de lesa humanidad. La discusión ya no debería centrarse en negar la realidad, sino en reconocer la crisis. La pregunta es si tenemos la capacidad de autocrítica para llamarla como tal y, a partir de ahí, actuar en consecuencia.