Violencia, cinismo, corrupción
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Jorge Fernández Menéndez
Por lo menos 15 personas secuestradas, asesinadas, incineradas, varias más desaparecidas. El caso de San Mateo del Mar, en Oaxaca (un municipio muy cercano al epicentro del sismo de ayer) no es la consecuencia de una brutal lucha entre comuneros, sino de diferentes grupos criminales que manejan en la zona el tráfico de drogas y de armas, se trata de enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado, más allá de que unos se concentren en torno al presidente municipal y otros en su contra. Pero el hecho más evidente es que la violencia contra la población, los hombres y mujeres secuestrados, asesinados e incinerados, el involucramiento de las autoridades municipales en los enfrentamientos, es demasiado parecido a lo sucedido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa como para ignorarlo o dejarlo también en la impunidad.
Se habla de conflicto entre las comunidades, pero ni el gobierno estatal ni el federal parecen querer aceptar que éste es un enfrentamiento entre grupos criminales, por narcotráfico y tráfico de personas.
Toda esa zona estuvo durante años controlada por un cártel encabezado por un personaje llamado Díaz Parada. Luego de su caída siguieron operando sus sucesores, en muchos casos dispersos, pero desde hace unos años los grupos criminales se han asentado y se ha comenzado a ver en Oaxaca algo que no sucedía, por lo menos no con normalidad, en el estado: ajustes de cuentas, cuerpos abandonados, mensajes macabros. Y ahora este enfrentamiento replica muchos de los que hemos vivido en diferentes zonas del país. Lo que resulta increíble es que para activistas y funcionarios se siga viendo Iguala-Ayotzinapa como algo excepcional cuando se ha convertido en la forma normal de actuar de los grupos criminales: secuestrar, en muchas ocasiones con apoyo de la policía local, asesinar e incinerar.
IRMA Y JOHN
Luego de la denuncia sobre las propiedades de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo el académico John Ackerman, todas heredadas, compradas en efectivo o donadas por el Gobierno de la Ciudad de México en los últimos años, y valoradas en unas diez veces más de lo que señalan en su declaración patrimonial, la Secretaría de la Función Pública hizo una rápida investigación en la que Irma Eréndira Sandoval exoneró a Irma Eréndira Sandoval.
En defensa de Irma y John, salió en bloque casi todo el gabinete, encabezado, esta vez, por el inefable doctor López-Gatell que se ve que, además de leer poesía y atender la peor emergencia sanitaria de la historia del país, no tiene mucho que hacer. En ese contexto de defensa masiva (donde lo paradójico es que en ningún momento se niega que tengan esas propiedades ni el valor real de las mismas), Ackerman señaló que va a demandar penalmente, en México y en Estados Unidos, al portal LatinUS por haber divulgado la información sobre sus propiedades y dice que él y su esposa, la secretaria Sandoval, no están obligados a explicar “a nadie el origen de su patrimonio privado”.
No es verdad, está absolutamente equivocado: los funcionarios públicos están obligados por ley a declarar sus bienes (y su esposa es la encargada de vigilar que lo hagan) y los datos divulgados sobre sus propiedades son tan públicos que fueron sacados del Registro Público de la Propiedad. Y los funcionarios no pueden mentir u ocultar su patrimonio, sobre todo cuando algunos de ellos son “donados” nada menos que por el Gobierno de la Ciudad de México.
CABAL PENICHE
La semana pasada le contábamos en el programa Todo Personal que quien había comprado la casa que fue de Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos, en la colonia Pedregal en la Ciudad de México, fueron los empresarios Alejandro y Carlos del Valle, en su momento muy cercanos al gobernador Arturo Montiel, como lo son hoy al gobierno del presidente López Obrador.
Del Valle y su hermano son socios de otro financiero hoy cercanísimo al gobierno y a la operación del Banco del Bienestar, Carlos Cabal Peniche, banquero paradigmático del periodo salinista, procesado y preso por fraude financiero durante el gobierno de Zedillo y ahora operador preferencial del Banco del Bienestar para quien compraron, junto con Del Valle, más de dos mil cajeros automáticos por adjudicación directa.
Pero aquella información no cayó, por una vez, en saco roto. La divulgación de esos nexos fue decisiva para que hubiera un “enroque republicano”, como por alguna razón lo llamó el presidente López Obrador, y para que el director del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, se fuera a la subsecretaría de Gobernación, mientras que la subsecretaria Diana Álvarez Maury terminara como directora del Banco del Bienestar.
El morelense, un operador electoral cercano a García Hernández, va a Gobernación para ganar elecciones. Álvarez Maury, una profesional respetada, tiene la encomienda de limpiar un banco del Estado pésimamente manejado y que es el eslabón más débil del sistema bancario nacional.
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