Seguridad y damnificados con fecha electoral

Los terremotos del 7 de septiembre pasado dejaron una terrible destrucción en muchas comunidades de Guerrero y fueron evidentes los daños en toda el área metropolitana de Acapulco.

Hoy, un mes y una semana después del sismo y a unas horas de que asuma la gubernatura del estado Evelyn Salgado, la hija del frustrado candidato Félix Salgado Macedonio, comenzó a repartirse la ayuda a los damnificados. Los mismos serán distribuidos por el gobierno federal y serán de 10 mil pesos para cada una de las once mil familias que, según un censo levantado por autoridades federales, resultaron con afectaciones en sus viviendas en 24 municipios del estado por los sismos.

Los apoyos se comenzaron a entregar ayer en cuatro lugares de Acapulco, donde se pudieron ver largas filas de gente esperando por esos recursos. Se informó que los afectados habían sido avisados por teléfono de las entregas, y que en aquellos lugares donde no fue posible el contacto vía telefónica se hizo a través de los medios tradicionales de las comunidades. Los pagos se entregarán de hoy hasta el sábado y no habrá un nuevo censo ni entrega de los apoyos adicionales a otras personas.

Pero esos apoyos no alcanzan para todos. Esta semana, por ejemplo, los habitantes del fraccionamiento Pedregal de Cantaluna reclamaban la reparación o reconstrucción de sus viviendas, dañadas por el sismo, para obligar a la constructora, Casas Paquimé, a hacerse responsable de la reparación o reubicación. Los damnificados informaron que el dictamen emitido hace unos días por Protección Civil estatal sostiene que ninguno de los 177 edificios revisados en ese condominio puede ser ocupados ante el riesgo de nuevos sismos, lo cual afecta a más de 600 familias. Les ofrecen una indemnización de 37 mil pesos por familia. En los últimos días han sido frecuentes las manifestaciones de damnificados en el puerto y otras localidades reclamando apoyos que no les han llegado.

Pero en la mañanera de ayer el presidente López Obrador dijo que en diez días el gabinete federal estará en Chilpancingo para “expresar nuestro apoyo al pueblo de Guerrero y a la nueva gobernadora”.

Vamos a otro tema. Desconcertante ha sido que ayer, una vez más, a unas horas del cambio de poderes en el estado, un grupo criminal, repentinamente hegemónico, denominado de La Sierra, anunciara con decenas de cartulinas pegadas en comercios en Iguala (no sé si en otros lugares del estado) que, a partir de este viernes, todos los comerciantes, “locales y foráneos”, pueden trabajar “libremente” sin pagar cuotas, derecho de piso, pues. Agregan que a El Garrafos se “lo llevó ya su puta madre”. Me imagino que lo mataron. Lo firma La Sierra, el mismo grupo que distribuyó videos hace unos días, al mismo tiempo que cambiaban los presidentes municipales (y que en Acapulco era quemado el Baby’O), donde se interrogaba, torturaba y asesinaba a integrantes del grupo hasta entonces hegemónico en esa zona, los Guerreros Unidos, los mismos que secuestraron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, y algunos de cuyos sicarios hoy son testigos protegidos de la Fiscalía Especial.

Esta semana, llamó profundamente la atención que la gobernadora electa, Evelyn Salgado, dijera que le pediría al presidente López Obrador que se suspendieran las fumigaciones contra cultivos de amapola en la sierra de Guerrero, para apoyar a los productores de amapola porque, dijo, en muchos casos ése es su único sustento.

La amapola es la planta de la cual se extrae la goma de opio que sirve, a su vez, para la producción de heroína. La Defensa Nacional, que es la responsable de esas fumigaciones, no las realiza cuando existen poblados cercanos u otros cultivos (cuando es así, recurre a la erradicación manual, más lenta y peligrosa para los soldados). No erradicar amapola implica favorecer a los productores y exportadores de heroína.

Había una propuesta del gobernador saliente, Héctor Astudillo, para legalizar esa producción para la industria farmacéutica, pero deberían ser espacios relativamente pequeños de cultivo, porque el consumo farmacéutico de los derivados de la amapola es relativamente escaso para productores locales. El grueso de la producción en Guerrero, Sinaloa, Durango y otras partes del país, se dedicaba a la producción ilegal de heroína. El precio de la goma de opio ha caído enormemente desde que se ha impuesto el consumo de fentanilo, una droga sintética, un opioide, que es diez veces más fuerte y que genera muchas más ganancias.

Sin embargo, el precio de la goma de opio se ha recuperado, según investigadores independientes: a principios de este año, el precio promedio ofrecido a los campesinos por kilo de goma de opio era de 17 mil en Sinaloa y de 15 mil pesos en Guerrero, luego de que en 2017 y 2018 se llegó a pagar hasta 5 mil pesos el kilo. De cada hectárea de sembradíos de amapola se puede extraer, máximo y en plena producción, unos 10 kilos de goma de opio.

Quizás son demasiadas coincidencias, pero lo cierto es que el mismo día del cambio de autoridades estatales se comienzan a librar los apoyos para los damnificados, cambia la hegemonía criminal en una de las zonas más conflictivas de Guerrero y se comienza a hablar de acabar con las fumigaciones para proteger la amapola. Milagros que un cambio de gobierno y de partido hace en la política guerrerense.