Con la vieja consigna de que soldado vivo sirve para otra guerra, dos de los principales inculpados de la trama de complicidad de los funcionarios sinaloenses con el crimen organizado, los mismos que habían recibido cobijo y apoyo por el gobierno federal, decidieron entregarse a las autoridades estadunidenses, colaborar con ellas y convertirse en testigos para reducir sus penas.
El exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, acusado de recibir dinero, pero también de delatar operativos del Ejército contra Los Chapitos, además de otros delitos, fue el primero, se entregó previo acuerdo en Nogales e inmediatamente fue trasladado a la corte de Nueva York, donde ya rindió una declaración previa y entregó todo un paquete de materiales a la fiscalía, lo que le permitió acceder a las pruebas que existen en su contra. Más gestos mutuos de colaboración son imposibles.
El secretario de Finanzas de Rubén Rocha, su hombre de confianza, el de sus hijos y de los hijos de López Obrador, Enrique Díaz, había huido a Irlanda. Allí se conectó con las autoridades estadunidenses y voló a Nueva York, donde lo estaban esperando para detenerlo. También ya entregó información.
Lo cierto es que en unas pocas horas se entregaron y comenzaron a colaborar con sus acusadores el responsable de la Seguridad de Rocha y el que manejaba los dineros del estado, de la familia y financiaba también a los hijos del expresidente. Mil veces se dijo que había innumerables pruebas dentro y fuera de México contra estos y otros personajes, las ignoraron las autoridades electorales, judiciales, las fiscalías y el Ejecutivo federal. Pero eso no implicaba que las pruebas no existieran: ahí estaban.
El golpe dado por las órdenes de aprehensión dictadas en Nueva York y el pedido de detención con fines de extradición les dio otra dimensión, incrementada por algo inocultable, los testimonios de los delincuentes que están detenidos en Estados Unidos, enviados casi todos por el gobierno de México, que están colaborando ampliamente con las autoridades. En el caso de las acusaciones a los 10 de Sinaloa, según la fiscalía del sur de Nueva York, son las de Ovidio Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada.
No sé qué podrá decir en unas horas la presidenta Sheinbaum, pero el discurso de que no hay pruebas es insostenible porque al entregarse los acusados han terminado aceptando su culpabilidad. Lo que se quería evitar, que estos personajes no llegaran a Estados Unidos para que no ampliaran sus declaraciones hacia niveles superiores del poder (y en ese ámbito ya sólo queda uno, López Obrador y su entorno), ya ocurrió.
Ya no tiene sentido seguir pidiendo pruebas, no tiene sentido seguir protegiendo a personajes como Rocha. Porque, además, hay otras señales, la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas de los acusados. Cuando el viernes se le preguntó a la Presidenta contestó que “no tenía conocimiento”. Si es así, ello sólo se puede explicar como un movimiento autónomo del Gabinete de Seguridad o como una solicitud directa del FinCEN del Tesoro estadunidense que, de acuerdo con las normas, se debe respetar.
Y vienen más casos. Lo dijo Trump, lo dijo Hegseth, lo dijo el fiscal Blanche y lo dijo el director de la DEA, Terry Cole. Lo dicen los cuatro documentos base de la estrategia de seguridad estadunidense presentados en las últimas semanas: el de seguridad nacional, el de inteligencia, el de lucha contra el terrorismo y el de las drogas. Además estuvieron los dos reportajes de CNN y el New York Times sobre operaciones encubiertas de la CIA en México, desmentidos por la Agencia, y sobre todo las declaraciones de este viernes citadas también por el New York Times del subprocurador general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, que instruyó a los 93 fiscales federales de la Unión Americana a triplicar el número de acusaciones contra políticos mexicanos y procesarlos utilizando leyes antiterroristas (por el cargo de “apoyo material a organizaciones terroristas”).
Todos sabemos que en los próximos días, además de visitas de alto nivel de áreas de seguridad estadunidense, llegarán nuevas acusaciones y con ellas se reducirá aún más el margen de maniobra del gobierno federal. No le gusta a la presidenta Sheinbaum que le digan que tiene pocas opciones, pero el hecho es que hoy sólo tiene dos: una fuga hacia adelante estilo López Obrador, negar todo y terminar de destruir la relación con Estados Unidos, lo que llevaría al país a un destino tipo Venezuela o Cuba (si Estados Unidos corta las importaciones que hacemos de gas, nos quedaríamos sin energía en apenas tres días), o tomar la decisión que su cargo y sus responsabilidades exigen: detener a estos criminales, desmantelar; aunque sea paso a paso; las redes de protección del crimen organizado en las estructuras de poder y de su partido, estrechar para ello la colaboración con Estados Unidos, rodearse de políticos y funcionarios sensatos y capaces e iniciar una nueva, propia, vía de gobierno. Y sentarse con Trump y nuestros principales socios comerciales para tratar de que a la economía, sostenida con alfileres, no se le quiten desde Washington.
Por cierto, el fracaso de la marcha en Chihuahua sólo es equivalente a la impopularidad de quienes la encabezaron: una presidenta de partido impuesta y que la militancia no conoce, Ariadna Montiel, y el más desprestigiado de los políticos de Morena, Andy López Beltrán.