Termina siendo un círculo casi perfecto de control: tres reformas limitan las libertades individuales con una frialdad absoluta. Primero, se reducen las posibilidades de poder contar con un amparo ante denuncias infundadas de la autoridad; luego, se establece la prisión preventiva oficiosa para una gran cantidad de delitos, algunos de ellos incluso podrían ser más hasta del ámbito civil que penal. Y, por última, se le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera atribuciones que no tiene ni la Fiscalía General de la República para poder cancelar o bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial, sólo con indicios o sospechas.
En otras palabras, a usted le pueden acusar de cualquier delito y no tendrá casi posibilidades de ampararse contra una orden de aprehensión; cuando ésta se emita muy probablemente terminará en prisión durante todo su proceso, aunque no existan pruebas duras en su contra ni una decisión judicial firme y, para colmo, le podrán cancelar sus cuentas bancarias sólo a partir de indicios o sospechas, con lo que no tendrá recursos con los que mantener, por ejemplo, una defensa.
Son tres reformas que se han aprobado en los últimos meses y que la nueva, y cada día más impresentable, Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado constitucionales, pese a que violan las más elementales garantías individuales: nadie puede ser considerado culpable antes de ser condenado por un delito, se llama presunción de inocencia; nadie puede ser privado de su libertad sin una causa justificada y todo el mundo tiene derecho a una defensa y a conservar su patrimonio hasta que se demuestre que ha sido obtenido ilegalmente. Se dirá que todo esto es exagerado, que es una situación llevada al límite, pero no lo es: es algo que se desprende de las iniciativas de reformas constitucionales aprobadas en los últimos meses y que queda a discreción de las autoridades convertirlas o no en una realidad.
El gobierno federal argumenta que todas estas medidas se han implementado como instrumentos en la lucha contra el crimen organizado y para evitar que los criminales queden impunes. Puede ser, pero lo cierto es que ninguna política destinada a combatir un fenómeno localizado como el crimen organizado puede conculcar los derechos de toda la sociedad.
Ayer decía la presidenta Claudia Sheinbaum que la ley que permite a la UIF congelar cuentas sin orden judicial se aplicará sólo a los casos de lavado de dinero y crimen organizado, incluso dijo que el actual titular de la UIF, Omar Reyes, es un técnico destacado en estos temas y que no es un político.
Es verdad, hay y tengo una buena opinión del actual titular de la UIF, pero hasta hace unas semanas y durante casi cuatro años el director de la UIF fue Pablo Gómez, un político de los más duros de Morena, sin ninguna experiencia en el tema y que, en lugar de combatir el crimen organizado y el lavado de dinero, se dedicó a usar la UIF para casos políticos de su interés y del expresidente López Obrador. La usó como una instancia de combate político e ideológico y no como un instrumento de justicia.
Por eso, las leyes sobre las atribuciones de una dependencia no deben depender de la personalidad de quien las dirige, sino de lo que dice la ley, y la actual ley otorga absoluta discrecionalidad a los funcionarios de la UIF para intervenir y congelar cuentas.
Si lo que se busca, y es algo compartible, es que los delincuentes tengan menos espacios para seguir en la impunidad, se podría haber escrito en la ley, como lo pidió la ministra Yasmín Esquivel en el debate sobre la UIF, que se establecieran criterios específicos sobre las condiciones en que la Unidad pueden imponer sus nuevas atribuciones. No veo muchos casos en los que no se pueda contar con una orden de un juez para congelar cuentas o detener a una persona. En Estados Unidos, ello se establece para delitos relacionados con crimen organizado o terrorismo, y los instrumentos del Departamento del Tesoro, siendo amplísimos, están claramente establecidos en las normas que se implementaron desde el gobierno de Clinton. Aquí, se deja a la discrecionalidad de un funcionario; hoy, uno acreditado; ayer, uno terriblemente incompetente y, mañana, vaya uno a saber quién tome esa decisión. La sociedad, los ciudadanos, no pueden depender de quien ocupe una oficina administrativa, por más poderosa que sea, para saber si sus derechos pueden o no ser conculcados.
Hay que combatir a los criminales y usar contra ellos todas las armas del derecho. Eso no está a discusión. Pero entonces la obligación del Estado es establecer con claridad cómo se usan esas armas, contra quién están dirigidas y cómo se pueden utilizar. Y eso debe estar en negro sobre blanco, en papel, en las normas y leyes, y no dejarlo a la discrecionalidad de un funcionario, bueno o malo, porque ésa es la distancia que separa a las instituciones de las tentaciones personales de poder.
ENCUESTAS
La aprobación de la presidenta Sheinbaum está en 70%, según algunas de las encuestas divulgadas en los últimos días. Pero lo cierto es que las mismas también muestran que, en términos de lucha contra la corrupción, la desaprobación gubernamental está en 79% y, respecto a la inseguridad, se colocan en 53 por ciento. Corrupción e inseguridad son los dos temas en los que el gobierno ha fallado y es porque no se decide a avanzar en desmantelar las redes de protección y colaboración de sectores del poder con el crimen e incluso las niega. Mientras ello no ocurra, esos números no van a cambiar.