Ni política migratoria ni estrategia de seguridad

Entiendo que ningún país puede tener fronteras abiertas, como prometió después de ganada la elección de 2018 el ahora presidente López Obrador; entiendo que la seguridad nacional y pública requieren restricciones, en ocasiones más duras que las normales, para garantizarlas; entiendo que las olas migratorias están resultando políticamente inmanejables para Estados Unidos y que nuestros vecinos requieren de la cooperación de México para frenarlas, y creo firmemente que México debe brindar ese apoyo.

Pero también entiendo que no se está garantizando esa seguridad, que las restricciones impuestas en México son tan volubles que lo que fomentan son la corrupción, la impunidad y dejan a los migrantes en un marco legal absolutamente difuso; entiendo que, al no tomar ninguna medida adicional, la desprotección marca, tanto a migrantes como a las poblaciones, sobre todo en la frontera norte y la sur, donde ellos se asientan. Y entiendo que no se puede desligar del crimen organizado buena parte de lo que sucede en la migración y, por ende, la laxitud de la política de abrazos y no balazos se extiende hacia las ramas del crimen organizado que participan en ese proceso de tráfico de personas.

No tenemos una política migratoria, como no tenemos una estrategia de seguridad eficiente y verosímil para la sociedad. Y la migración y la seguridad están cada vez más íntimamente relacionadas.

Se ha pasado de las fronteras abiertas al endurecimiento y, de éste, a la laxitud y viceversa, de acuerdo a las circunstancias coyunturales. Es impensable que en una ciudad mediana o pequeña como son muchas de las dos fronteras, norte y sur, puedan llegar cientos de miles de migrantes sin apoyo, sin un espacio, una infraestructura mínima donde siquiera puedan dormir y que no ocurran estallidos como los sucedidos en Juárez, pero que se han dado también en otras ciudades, del sur y del norte. Quizá no se puede frenar el flujo migratorio antes de que llegue a la frontera sur, pero de allí a que no se pueda parar, conducir, a que no se haya roto prácticamente ninguna trama, creo que en el sexenio sólo una, de tráfico internacional que maneja estas caravanas, es desconcertante.

Si el tráfico de gente no comienza a detenerse en la frontera sur, si siguen acumulándose en el norte los migrantes de otros países, los propios migrantes mexicanos (que son miles) y los que regresa Estados Unidos, la situación se tornará, como ya lo es, inmanejable. Existen mecanismos: el transístmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos puede ser una suerte de frontera sur artificial que, construido adecuadamente y con esquemas claros de seguridad, podría servir, no para cerrar la frontera, pero sí para controlar el flujo de migrantes. Sirve esa infraestructura, por supuesto, como un corredor industrial y una buena vía de comunicación interoceánica, pero si se hace como debe hacerse, sería también un mecanismo fronterizo de control muy eficiente.

Con países con los que México es en extremo indulgente, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, que son de los que mayor cantidad de migrantes envían a México, habría que tener mayor firmeza. Con un agregado clave: si México reconociera que esos países son gobiernos autoritarios, dictatoriales, donde se violan los derechos de sus ciudadanos, como lo hizo en el pasado con España, con Argentina, Chile y Uruguay, con las naciones centroamericanas, podría tener una política de asilo transparente y eficiente, como la tuvo durante décadas. Pero como ésos son considerados gobiernos amigos y hasta humanistas, el que no puede tener una política humanitaria con sus refugiados es México.

En San Fernando, en Tamaulipas, decenas de migrantes fueron asesinados por narcotraficantes; en diciembre de 2021, medio centenar de migrantes murieron asfixiados en la caja de un tráiler. Muchos otros han tenido el mismo destino a manos de criminales y traficantes, terminan secuestrados, extorsionados, violados u obligados a integrarse a bandas criminales.

Pero en Ciudad Juárez los migrantes murieron dentro de una instalación federal que no contaba ni siquiera con extintores y donde los detenidos (los migrantes) vivían hacinados. Donde los guardias de una empresa privada (¿por qué en este tipo de instalaciones federales los custodios son privados?) dejaron entrar o proporcionaron instrumentos como para poder encender fuego; que cuando comprobaron la existencia del mismo dejaron encerrados a los migrantes en sus celdas y simplemente se fueron. La mayoría no murieron quemados, sino asfixiados por el humo, fue una tragedia absolutamente evitable. Y fue, insisto, en una dependencia federal. En el gobierno federal nadie se hace responsable.

En pleno proceso de sucesión en la UNAM, la Defensoría, la Oficina de la Abogacía General y el resto de dependencias deben resolver las denuncias y esclarecer los posibles delitos para no aparecer como cómplices de los mismos.