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Militares y seguridad: vaivenes sexenales

Jorge Fernández Menéndez

Jorge Fernández Menéndez

Razones

Con el presidente Vicente Fox se desarrollaron la Agencia Federal de Investigaciones (en la PGR) y la Policía Federal Preventiva, como parte de una secretaría de seguridad por primera vez autónoma. La AFI, encabezada por Genaro García Luna, y la PFP, por el ahora fiscal Alejandro Gertz Manero. Adversarios desde tiempo atrás, nunca se pusieron de acuerdo y sus áreas trabajaron cada una por su lado.

Cuando asumió Felipe Calderón, la Preventiva se convirtió en sólo Policía Federal bajo el mando de García Luna, que llevó consigo al equipo que tenía en la AFI. Se dijo que la PF asumiría muchas de la tareas de investigación, pero lo cierto es que la PGR, encabezada entonces por Eduardo Medina Mora, se quedó con un brazo operativo muy débil, y el Congreso (donde el presidente Calderón no tenía mayoría) no le dio a la Policía Federal los atributos y responsabilidades que demandaba el Ejecutivo: básicamente convertirla en una policía con mando único sobre todas las policías del país (o por lo menos obligar a que éstas se coordinaran con 32 mandos únicos estatales con la Federal). Ya entonces la relación entre la Defensa y la Policía Federal, y entre García Luna y el general Galván, se fue deteriorando progresivamente.

Al llegar Peña Nieto se regresó, a medias, al esquema que existía en el gobierno de Zedillo: las áreas policiales y de seguridad regresaron a la Secretaría de Gobernación, pero sin la autonomía y autarquía, incluso financiera, que tuvieron con el presidente Zedillo. Al mismo tiempo que se sucedían los mandos en la PF y cambiaban las estrategias (primero estuvo Manuel Mondragón, luego Enrique Galindo y finalmente Manelich Castilla Craviotto), crecían las presiones de las Fuerzas Armadas para que la Policía Federal fuera parte, en los hechos, de la Defensa.

La idea original, que incluso en su momento hizo suya el presidente Peña Nieto, fue crear el cuerpo de Gendarmería, que estaría integrado a la Defensa y que se suponía, por lo menos eso proponían el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón, fuera de corte militar y fuera suplantando progresivamente a la PF. Luego de intensos forcejeos en el gabinete, se decidió crear la Gendarmería, pero como un cuerpo más de la Policía Federal, con lo cual perdió razón de ser.

Durante la campaña electoral del 2018, la insistencia de Morena y del entonces candidato López Obrador en retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública llevó a que la Ley de seguridad interior, que se había aprobado en 2017 y que regulaba la intervención militar en temas de seguridad pública, fuera declarada inconstitucional por la Corte a unos días del cambio de administración. Morena había impuesto el discurso en contra de lo que llamaban entonces la militarización del país.

En cuanto asumió el cargo, el presidente López Obrador dio un giro de 180 grados en el tema de la seguridad. Volvió a resucitar a la Secretaría de Seguridad y decidió acabar de un golpe con la Policía Federal y crear la Guardia Nacional, bajo mando militar, aunque en las negociaciones en el Congreso quedó como civil, pese a que todos sabían que los efectivos, los mandos, el presupuesto y la infraestructura serían de la Defensa y en menor medida, de la Marina.

El primer año de funcionamiento de la GN fue un poco caótico porque los mandos, el control presupuestal, incluso la política de adquisiciones para la nueva estructura estaban divididos. Fue hasta 2020 cuando, en los hechos, la GN quedó bajo control de la Sedena. La reforma que se propuso ahora en el Congreso, como proyecto de ley, tuvo como objetivo darle forma legal a ese control sin modificar la Constitución.

Luego, la propuesta que presentó el PRI resultó un complemento para esa reforma legal de la GN: ampliar la presencia militar en seguridad pública de marzo de 2024 hasta 2028 y darle forma constitucional. Eso es lo que se aprobó la semana pasada en Diputados, y lo que se pondrá a votación en el Senado hoy. Al oficialismo aparentemente no le alcanzarían los votos para aprobar esa reforma: de acuerdo con la participación que haya, le podrían faltar unos ocho senadores.

En lo personal creo, como creía en el pasado, que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en las condiciones en las que está el país, es sencillamente imprescindible. Si no fuera así habría por lo menos algún gobernador reclamando que se retiraran los militares de sus estados: ni uno solo lo ha siquiera sugerido.

La votación que se dará en el Senado no parte de las exigencias de seguridad pública, ni siquiera de las convicciones ideológicas (los mismos que aprobaron la Ley de seguridad interior de 2017 apoyando la presencia militar son los que ahora se oponen, y los que respaldan la actual reforma son los que entonces la bloquearon), sino de los juegos internos de poder dentro de los partidos, con la vista puesta en 2023 y 2024.

La pregunta es cómo podemos garantizar la seguridad si cada seis años, y a veces en menos, se cambia de estrategias, perspectivas, incluso de instituciones. No imagino a nuestro país en marzo de 2024 sin fuerzas militares apoyando en la seguridad pública, o con una Guardia Nacional formada por militares que no esté bajo mando militar o sin ellos. Sería un cascarón. Sé que no es lo ideal, pero la política es el arte de lo posible. Y a partir de lo que hay, es desde donde se tendría que empezar a construir, no para uno o dos años, sino para el futuro.

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