Hay cosas que son indefendibles. Lo de la gobernadora de Baja California es una de ellas. Cada aclaración desde el gobierno federal o de la propia Marina del Pilar la hunde un poco más: las grabaciones que divulgó el periodista Héctor de Mauleón de ella intentando, a como dé lugar, buscar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos para resolver sus graves problemas legales y las acusaciones de su relación con los grupos criminales en la entidad, no se debilitan, se fortalecen con los desmentidos.
No es verdad, como se dijo, que la gobernadora no sabía con quién hablaba: estaba hasta negociando dónde reunirse con los funcionarios estadunidenses: le propusieron hacerlo en San Diego y dijo que no, “después de lo que había pasado la última vez”; le dijeron que en el consulado en Tijuana y tampoco quiso por miedo a que la detuvieran y finalmente propuso un hotel. Imposible que no supiera con quién hablaba.
Se dijo que no buscaba un convenio de colaboración, pero en los dos audios es lo único que pide. Se aseguró que no ofreció información, pero eso lo que hace: dice que está dispuesta a “apoyar y cooperar” y pide que los detalles legales y la posible entrevista se lleven a cabo a través de su abogado particular, Michael Nadler, radicado en Miami. Y menciona directamente: “Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
Se dijo entonces que en las mesas de seguridad no se maneja información sensible. Puede ser verdad en términos de ciertas operaciones muy delicadas o sobre manejo de inteligencia, pero es la principal instancia de coordinación de seguridad en cada uno de los estados y ahí participan absolutamente todas las instancias locales, desde las militares hasta los municipios más importantes.
Enterrándose aún más, ayer la gobernadora dijo que “le tendió una trampa” su antecesor, Jaime Bonilla, como Ávila, destacado integrante de la 4T (aunque ahora Bonilla, enfrentado con Ávila, impulsa sus propios candidatos vía el PT), pero la versión resulta ridícula. No es imaginable que el principal enemigo interno de Ávila, con el que se ha enfrentado durante toda su administración, fuera el que la apoyara para relacionarse con los organismos de seguridad estadunidenses. La respuesta de Bonilla fue durísima: “Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea que el exgobernador que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración, pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y las sanciones que podrían resultarle”.
La lista de incongruencias podrían ser mucho más amplias, pero el caso de Marina del Pilar, como el de Rubén Rocha en Sinaloa, ejemplifican perfectamente lo que dijo ayer Terry Cole, director de la DEA, al hablar de “la peligrosa conexión entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son inseparables”.
Es verdad que se ha detenido a capos y operadores, otros han sido eliminados, hay casi tres mil laboratorios y depósitos desmantelados durante este sexenio, pero el paradigma ha cambiado. Por supuesto que esos golpes son importantes, pero la atención está puesta hoy, como se ha dicho una y otra vez, en las redes políticas de protección y complicidad con esos grupos criminales. Y defender a ultranza a personajes como Rocha o Marina del Pilar lo único que hace es profundizar esa brecha casi insondable con Washington.
LOS CÁRTELES RENACIDOS
Cuando inició el gobierno de López Obrador, en diciembre de 2018, había sólo dos cárteles importantes, el de Sinaloa y el CJNG. Los demás habían sido muy duramente golpeados y estaban parcialmente desarticulados. Pero la estrategia de seguridad y pacificación, la de abrazos y no balazos, los resucitó. Grupos criminales que incluso estaban al borde de la desaparición aprovecharon para rearmarse y volver a pelear por sus territorios. Y eso les ha permitido fortalecerse y responder con extrema violencia. Es la demostración de un fracaso.
Ayer, el gobierno de Estados Unidos sumó a su lista de organizaciones terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras, los primeros con operación, sobre todo, en Chihuahua, y los segundos en Michoacán. El Cártel de Juárez llegó a ser el más poderoso del país cuando lo encabezaba Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Luego de su muerte, en 1997, y de la guerra que libraron sus herederos con el Cártel de Sinaloa, fue deteriorándose, sobre todo cuanto fue detenido Vicente Carrillo, el hermano de Amado, que hace unos días nos enteramos que es otro que busca un acuerdo de colaboración con la justicia de Estados Unidos.
En el segundo año de López Obrador decíamos aquí, en relación con el asesinato de la familia LeBarón, que La Línea, la organización dependiente del Cártel de Juárez, prácticamente había desaparecido a fines del sexenio de Peña, junto con el llamado Cártel de Juárez. Ha sido, decíamos a fines de 2019, “durante el último año que han reaparecido sus integrantes y han vuelto a pelear por los que fueron sus viejos territorios, chocando con otros cárteles que se habían quedado con ellos y golpeando, como siempre, a la ciudadanía a la que expolian para financiarse. Si se hubiera seguido el combate contra La Línea y el Cártel de Juárez, tanto en el ámbito estatal como federal, hoy esos grupos probablemente ya no existirían en el panorama criminal”. Eso fue en diciembre de 2019. Hoy se ha confirmado.