Doble moral y banalidad del poder

Ahora resulta que cuando vemos a colaboradores cercanísimos de la gobernadora Layda Sansores recibiendo dinero en las oficinas de la Secretaría de Gobierno del estado, durante la campaña electoral de 2021, cuando el gobernador era Carlos Aysa González, un mandatario interino del PRI que entregó el estado a Sansores y que fue recompensado por ello con la embajada de República Dominicana, se trata de una campaña de propaganda contra el régimen. Pero cuando criminales terribles como Sergio Villarreal, El Grande, o el exfiscal Édgar Veytia hacen cualquier tipo de declaración, aunque sea absolutamente inverosímil, en el juicio que se le sigue a García Luna, es la demostración de una verdad incontrovertible.

Es la doble moral que caracteriza a nuestra vida política y que se impulsa desde el propio gobierno federal. Incluso, no importan las pruebas: los videos de los colaboradores de Sansores son datos duros, son videos que exhiben esos actos de corrupción, como son demostración de un delito las grabaciones telefónicas ilegales de sus adversarios que cada semana divulga la gobernadora. Pero cuando un personaje como el exsecretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Villarreal, dice en la corte de Brooklyn que García Luna le pidió, nada menos que a Humberto Moreira que intercediera ante El Universal para mejorar su imagen, sin exhibir más prueba que una copia de una factura por una campaña de promoción turística del estado, eso se toma y difunde como un hecho cierto.

Qué importa que no tenga sentido, que la fecha en la que dijo Villarreal que había visitado a García Luna en el búnker donde está alojada la Plataforma México no coincida siquiera con la fecha en la que fue inaugurada esa instalación o que Moreira fuera un enemigo político declarado de Felipe Calderón y del propio García Luna. Y que, además, la factura exhibida no probara absolutamente nada, más bien todo lo contrario.

Es increíble que se les dé crédito a las declaraciones de Veytia, exfiscal de Nayarit, uno de los personajes más tenebrosos del mundo criminal en décadas, cuando las acusaciones que hizo contra García Luna y el expresidente Calderón no tienen sentido y ni siquiera correlación en el tiempo, con el agravante de que Veytia, para reducir su condena, no ha tenido problema en acusar a su compadre y exjefe, el gobernador Roberto Sandoval, o al exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y cuando tardó tres años y 11 reuniones con los fiscales, desde que fue detenido en 2017, en recordar los supuestos hechos que ahora oportunamente denuncia tratando de reducir su condena.

El propio presidente López Obrador no tiene problema en defender a la gobernadora Sansores como una mujer íntegra o a Delfina Gómez, quien fue no sólo acusada, sino electoralmente condenada por los moches salariales cuando fue alcaldesa de Texcoco. Y, como ellas, a muchos otros funcionarios del gobierno, del entorno político, del partido.

Insisto, yo no sé si García Luna protegió o no al Cártel del Pacífico. Lo mostrado por la Fiscalía en el juicio de Nueva York no aporta una sola prueba en ese sentido y, mientras tanto, la acusación me sigue pareciendo muy poco creíble, porque se basa en testimonios de criminales terribles que fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos en el periodo en el que García Luna fue secretario de Seguridad. No hay una sola prueba material, una grabación, un video, un audio, una foto que confirme esas acusaciones.

Lo que me parece incomprensible es que no se caiga en la cuenta de que, de la misma forma con que se realizan estas acusaciones a actores del pasado, se podrán implementar en el futuro contra quienes ahora gobiernan, sean responsables o no de las mismas.

Un ejemplo claro es, por ejemplo, la insistencia del gobierno de Biden, reiterada esta semana en el informe sobre el estado de la Unión, sobre la producción y el tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, realizados, sobre todo, por el Cártel del Pacífico. Cualquiera podrá alegar el día de mañana que esa actividad fue tolerada, que Ovidio Guzmán, uno de los principales productores de fentanilo ilegal, cuando fue detenido en 2019 fue liberado por órdenes presidenciales, que el mandatario saludó de mano a la mamá de El Chapo, a quien el propio Presidente dijo que se le debe tratar con respeto.

Esos o muchos otros hechos pueden ser motivo de una acusación penal realizada con la misma ligereza con que la Fiscalía de Nueva York y la DEA de Houston acusaron a García Luna.

Estoy convencido de que ni el presidente López Obrador ni ninguno de sus antecesores ha negociado con el narcotráfico y que mucho menos han ordenado proteger a uno u otro grupo. Hay estrategias acertadas o no, errores y malas evaluaciones, concepciones diferentes sobre los riesgos y desafíos del crimen organizado, corrupción en distintos niveles de gobierno, pero un presidente de la República, cualquiera de ellos, tiene otras responsabilidades y posibilidades. El Estado es más fuerte que un grupo criminal y, por supuesto, también lo es un presidente de la República. Cuando se banaliza el poder, cuando la moral es selectiva, las que pierden son la soberanía, la real, no la de los discursos, y las instituciones. Y ambas residen, sobre todo, en la Presidencia.