Caminar por la cuerda floja

Con el envío a Estados Unidos, el día de ayer, de 37 importantes operadores del crimen organizado, son más de 100 los personajes clave del narcotráfico que durante esta administración están bajo órdenes del sistema judicial de la Unión Americana. A los 92 entregados a la justicia, se deben sumar los extraditados, como Ovidio Guzmán López, los que llegaron por operaciones encubiertas aún no explicadas suficientemente, como las de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, y muchos otros.

Pero, con excepciones, la plana mayor del narcotráfico mexicano de las últimas décadas está en Estados Unidos y de ese centenar, la gran mayoría se han convertido en testigos colaboradores de las fiscalías de la Unión Americana. El caudal de información que tiene la justicia de ese país sobre el tráfico de drogas y otras actividades es enorme, incluyendo la corrupción y los cómplices o protectores políticos de esos criminales.

Es verdad que aún faltan por detener en México capos importantes: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús Alfredo, jefes de Los Chapitos; El Mayito Flaco, Ismael Zambada Sicairos, hijo y sucesor de El Mayo Zambada; varios de los aliados de alguno de esos grupos, sobre todo El Chapo Isidro, Fausto Isidro Meza Flores, sucesor de los Beltrán Leyva. Y varios de los líderes del CJNG, comenzando por Nemesio Oseguera, El Mencho, y El Sapo, Gonzalo Mendoza Gaytán; Julio Alberto Castillo Rodríguez, El Chorro, y Audias Flores Silva, El Jardinero. Y hay más, del propio CJNG, de las organizaciones de Tamaulipas, Durango, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas y Chiapas, entre otras. Pero de todos esos grupos hay enviados a la justicia estadunidense.

Los golpes que se han dado son innegables: 40 mil detenidos (cuántos han permanecido en prisión ante la negligencia de la pasada FGR y las fiscalías locales es un dato que no se tiene públicamente); unos cuatro mil laboratorios y depósitos de precursores para drogas sintéticas; toneladas de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas incautadas; la migración a través de la frontera se ha reducido drásticamente; el Gabinete de Seguridad a través de la secretaría de SPC federal, la Defensa y la Marina mantienen una muy buena interlocución con sus pares estadunidenses.

Y sin embargo no alcanza, porque el crecimiento notable que tuvo el narcotráfico el sexenio pasado, no sólo generó más de 200 mil muertos y cerca de 100 mil desparecidos en nuestro país, sino también, como consecuencia de la política de abrazos, no balazos, y de la complicidad y protección de políticos y funcionarios se expandió nacional e internacionalmente.

Por eso lo que falta es lo que hemos denominado el golpe sobre la mesa: la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que decidir acabar esos espacios de complicidad en ocasiones tan cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No puede no hacerlo porque, paradójicamente, con la información que tienen por su propio trabajo de inteligencia las agencias estadunidenses, más la colaboración del centenar de criminales que están ofreciendo información a cambio de sentencias más benignas, no hay forma de proteger a los personajes más involucrados, muchos de ellos ya develados por los medios, nacionales e internacionales.

Lo mismo sucede con los mecanismos de colaboración con EU en el ámbito de la seguridad. No se puede sostener un doble discurso: uno nacionalista old fashion para las tribus más duras de la 4T y otro de una intensa cooperación que trasciende todo lo que se ha hecho público, incluso sacrificando, como ocurre con los 92 criminales enviados a EU este año, hasta los límites de la legalidad. La Presidenta queda atrapada entre estos dos discursos antagónicos, como le ocurrió esta semana con el tema del avión Hércules que aterrizó en Toluca el sábado pasado.

No se puede estar todo el tiempo en la cuerda floja, aunque en varios ámbitos de la seguridad se esté desarrollando una labor muy positiva. La seguridad, al fin y al cabo, es un tema de percepciones, y si más allá de los hechos la percepción indica que se está protegiendo a criminales o cómplices, lo único que queda es asumir los costos sin ninguno de los beneficios.

UN SOSPECHOSO EN LA SEP

Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración, el responsable de la muerte de 40 migrantes en un centro de detención de en Ciudad Juárez, el mismo que no combatió el tráfico de personas durante su sexenio y permitió una corrupción extraordinaria de esa dependencia durante su gestión, investigado por autoridades de EU, fue designado ahora como alto funcionario de la SEP por Mario Delgado.

Es incomprensible, pero Garduño será el responsable de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, una actividad que Garduño no conoce en absoluto, y con la que no ha estado involucrado en toda su larga vida en la política, centrada sobre todo en áreas policiales y de seguridad. Y siempre cuestionada. Es otro premio para Palenque, y otro argumento de confrontación con Washington.