Apabullados por terrorismo y narco

El exfiscal de Estados Unidos, William Burr; el Wall Street Journal, como antes otros medios de referencia internacional, y un grupo de legisladores republicanos encabezados por Dan Crenshaw, han sido los últimos en insistir en un punto que han abordado en la última semana también el actual fiscal general, Merrick Garland, y la directora de la DEA, Anne Milgram, legisladores demócratas y republicanos, además de fiscales de 21 estados de la Unión Americana: los cárteles mexicanos deben ser declarados terroristas y, por ende, pueden ser combatidos en cualquier lugar del mundo, incluyendo México, por las fuerzas armadas de ese país.

Desde el gobierno de Trump se viene coqueteando con esa idea y hoy, con la agudización de la epidemia de opiáceos, acompañada por el creciente empoderamiento de los grupos criminales mexicanos y la permisividad de las autoridades federales expresada en la estrategia de abrazos y no balazos, la misma se está extendiendo ya no sólo entre los grupos más extremistas del trumpismo, sino también en un escenario político que trasciende los partidos y los medios de referencia hasta convertirse en tema de campaña para los comicios de 2024 en Estados Unidos.

Tampoco ayuda demasiado que en Palacio Nacional sólo se reclame por “el intervencionismo” estadunidense y que se insista, por ejemplo, en asegurar que existe una política injerencista, que los Estados Unidos en realidad no son una democracia “porque están gobernados por la oligarquía mientras que aquí, en México, gobierna el pueblo”, y que todo eso se haga, al mismo tiempo, festinando que sea la justicia de ese país la que procese a exautoridades mexicanas.

Hay muchas razones para la epidemia de opiáceos, algunas, responsabilidad de México y otras, de los Estados Unidos, eso no está en discusión, pero lo cierto es que hoy los grupos criminales que operan el ingreso de fentanilo ilegal a ese país son predominantemente los mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Donde la violencia se  dispara cotidianamente es en México. La ciudad de la frontera en donde se secuestra a ciudadanos estadunidenses es Matamoros. Y es en nuestro país donde se pregona que la política para combatir el crimen transnacional son los abrazos y no los balazos.

El deterioro de la confiabilidad de México en temas de seguridad regional es constante y no se modificará sin acciones contundentes. Estamos en un escenario en el cual, en lo que va del sexenio, en México llevamos 150 mil personas ejecutadas, varias decenas de miles de desaparecidos y en Estados Unidos van unos cien mil muertos anuales por sobredosis de opiáceos, la mayoría de ellos por fentanilo ilegal.

Ése es el escenario que se debe atacar y en lugar de establecer políticas conjuntas con objetivos definidos seguimos jugando a la política chafa con la seguridad. Pensar que no habrá grupos que estén interesados en intervenir ante estos desafíos sería por lo menos ingenuo, tanto como pensar que no es una preocupación genuina de nuestros vecinos y socios comerciales, no sólo de Estados Unidos.

La narrativa de que los cárteles son grupos terroristas ya se ha impuesto incluso entre quienes sostienen, como el fiscal Garland, que ello podría traer “inconvenientes” en la implementación con México. Pero es difícil contrarrestarla cuando cada día son ejecutadas un centenar de personas, cuando se observa la cadena de agresiones, decapitaciones, torturas, la exhibición de fuerza que hacen los sicarios, mientras no parece haber una respuesta proporcional a esa violencia y expoliación de la sociedad.

De eso se trata y no vemos que los grupos criminales se estén siquiera contrayendo, al contrario, se expanden y crecen, dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy los grupos criminales de Sinaloa y Jalisco, con sus socios locales, controlan parte de Centroamérica, de Colombia, son hegemónicos en Ecuador, tienen una fuerte presencia en Perú y llegan hasta Argentina. Crecen en todo continente, como lo puso de manifiesto el operativo realizado la semana pasada en Australia. Los precursores químicos para las drogas sintéticas y el fentanilo ilegal vienen de China, India, Pakistán y es importado por nuestras organizaciones criminales, que pagan en esos países con todo tipo de productos desde minerales hasta cocaína. Sinaloa y Jalisco tienen presencia en Europa, sobre todo en España e Italia.

Y hay golpes, capturas y algunas acciones destacables, pero no parece haber una estrategia que realmente lleve o trabaje en el desmantelamiento de esas vastas estructuras nacionales e internacionales. Se podrá argumentar que Estados Unidos tampoco está haciendo lo suficiente para romper la cadena de tráfico de fentanilo, pero ésa es una verdad a medias: la administración  de Biden tiene claro que tiene que atacar por cuestiones de salud pública y seguridad interior y nacional ese tráfico y está comenzando a hacerlo. Y México es una de piezas claves, y de las más débiles, para hacerlo.

Hace ya semanas dijimos que mientras en Palacio Nacional se festina el juicio contra García Luna, no se termina de comprender que, como han dicho una y otra vez distintos funcionarios, legisladores y medios de Estados Unidos, el reclamo no es sobre el pasado, sino sobre el presente: les interesa tener soluciones para lo que está pasando hoy mucho más que dilucidar lo que pasó ayer. Pero aquí se cree que con discursos de los años 70 vamos a contrarrestar esa presión ya casi incontenible.