La mañana del 11 de septiembre de 2001 dos aviones comerciales se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, un tercero contra el Pentágono, en Washington DC, y un cuarto, derribado por los propios pasajeros para evitar un nuevo atentado, cayó en un campo de Pensilvania. Murieron casi tres mil personas. Se dijo entonces que era el día en que había cambiado el mundo. Un cuarto de siglo después, vale revisar la frase con menos solemnidad y más precisión: aquella mañana cambió el mundo, pero cambió mucho más el marco jurídico con el que Estados Unidos decidió mirarlo.
De aquella mañana aciaga nacieron dos guerras: Afganistán, que duró 20 años, e Irak, con ocho de ocupación formal y una década de durísimas secuelas; una ley aprobada en seis semanas, el Patriot Act, que otorgó enormes poderes al Ejecutivo estadunidense; un departamento nuevo, el de Seguridad Interior, y sobre todo una categoría: la del terrorista. Un sujeto que no es delincuente común ni combatiente enemigo y al que, por lo tanto, no se le aplican del todo ni el código penal ni las convenciones de Ginebra. Guantánamo, las entregas extraordinarias, los ataques con drones en Pakistán, Yemen y Somalia no fueron excesos de esa doctrina: fueron su consecuencia lógica.
México entró en la misma casi de inmediato, aunque por la puerta trasera. La frontera dejó de ser un asunto comercial y migratorio para volverse un perímetro de seguridad nacional. La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, en 2005, y la Iniciativa Mérida, en 2007, fueron hijas del 11-S tanto como del narcotráfico. Durante 20 años, esa conversación se sostuvo sobre una ficción compartida y cómoda para los dos gobiernos: los cárteles eran crimen organizado, no terrorismo. La distinción no era semántica. Definía qué leyes se usaban, quién las aplicaba y hasta dónde.
Esa ficción se acabó en febrero de 2025, cuando la administración Trump designó a los primeros cárteles latinoamericanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. El 16 de julio de este año se sumaron el Cártel de Juárez y Los Viagras, con lo que ya son ocho las organizaciones mexicanas en la lista, incluyendo los de Sinaloa y el CJNG. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, lo formuló sin adornos en el Pentágono el 28 de julio pasado: los cárteles mexicanos están hoy en la misma situación legal que ISIS o Al Qaeda, con la diferencia de que no operan a miles de kilómetros, sino al otro lado de la frontera.
La figura legal de lucha contra el terrorismo es poderosísima. Significa que los bancos están obligados a congelar y reportar cualquier activo vinculado, so pena de sanciones civiles y penales. Significa que la figura de “apoyo material” alcanza a proveedores, contadores, transportistas, políticos, empresarios: no hay que traficar droga para ser procesado. Significa jurisdicción extraterritorial ampliada y restricciones de visa a familiares y allegados. Y significa, sobre todo, la posibilidad de usar herramientas militares donde antes había herramientas policiales. La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 llegó incluso a clasificar al fentanilo y sus precursores como armas de destrucción masiva.
La Operación Lanza del Sur, mediante la cual Estados Unidos destruye en el Pacífico y el Caribe lanchas y barcos que transportan drogas, cumplió un año el 2 de septiembre con un saldo de, al menos, 227 muertos, 68 embarcaciones destruidas y apenas tres sobrevivientes documentados. Ecuador inició operaciones conjuntas con Estados Unidos en marzo; Colombia, Guatemala y Honduras ya las aceptaron. México es la excepción.
La respuesta la dio Marco Rubio, secretario de Estado, en Ecuador, en la gira que estuvo realzando por ese país, Colombia y Perú para consolidar la alianza hemisférica antiterrorista. Dijo que México está haciendo mucho más que antes contra esas organizaciones criminales, pero que era, a todas luces, insuficiente, y reiteró que hay amplias regiones del territorio nacional controladas por los cárteles. Agregó, y no es menor, que la izquierda destruyó todos los países del hemisferio de los que se apoderó. Ambas cosas, erradicar a los narcoterroristas y romper con los regímenes de izquierda en la región son dos objetivos que van de la mano.
Escribí que los coches bomba de Ojocaliente, Coahuayana, Acámbaro y Celaya son actos terroristas, según nuestro propio artículo 139 del Código Penal, y que las autoridades se resisten a nombrarlos así, en parte, porque nombrarlos le daría la razón a Washington. La palabra no se inventó en la Casa Blanca. Negarla en México no impide que se aplique desde afuera; sólo garantiza que la definan otros con sus criterios y sus métodos, y que nosotros quedemos administrando las consecuencias.
ÓSCAR MARIO
Lamenté muchísimo el fallecimiento de Óscar Mario Beteta. Más allá de cualquier otra consideración, Beteta era un amigo, un hombre con el que se podía o no coincidir, pero que siempre fue un caballero en su trato, en su actitud y un colega que durante más de tres décadas ejerció con éxito y reconocimiento su trabajo en los medios electrónicos. La enfermedad se lo llevó demasiado rápido y muy pronto. Descanse en paz, un abrazo para todos los suyos.