Votar para no mandar

El desempoderamiento del pueblo es la paradoja central de la democracia liberal contemporánea: se vota, pero se decide cada vez menos desde abajo. Una minoría política y económica define el rumbo mientras amplias mayorías sólo son convocadas a las urnas para legitimar decisiones ya tomadas

En teoría, la democracia liberal garantiza derechos, división de poderes, elecciones libres y representación. En la práctica, cuando el poder real se concentra en élites, organismos opacos, grandes corporaciones o poderes fácticos armados, el pueblo se vuelve espectador. La frustración crece: la gente siente que participa, pero no gobierna; vota, pero no manda.

México encarna con crudeza esta crisis. La violencia criminal limita la libertad real de millones de personas; la militarización de la seguridad pública normaliza la presencia castrense en tareas civiles; la captura y desconfianza hacia las instituciones, como los organismos electorales, mina la credibilidad del árbitro democrático.

Con una mayoría legislativa lograda ilegítimamente, hoy se busca aprobar una reforma electoral que reduciría el pluralismo, recortaría el financiamiento a partidos, eliminaría plurinominales y sometería al propio árbitro electoral a un rediseño impulsado desde el bloque gobernante. En la práctica, el poder que debería equilibrar la competencia es rediseñado por quienes hoy concentran el control del Congreso.

A ello se suma la precariedad económica, la informalidad y la desigualdad que vuelven la ciudadanía un lujo para quienes primero deben sobrevivir.

Al mismo tiempo, desde una lectura crítica, el gobierno aparece como un poder que no ejerce en libertad: se le percibe atado a acuerdos opacos, a pactos de corrupción y a formas de protección o tolerancia hacia el crimen organizado que el obradorismo habría tejido para asegurar su permanencia en el poder más que para reconstruir al Estado. Hacia dentro, candidaturas para las megaelecciones de 2027 se reparten por pactos cupulares; hacia fuera, el país se acomoda a exigencias externas. En medio, el ciudadano común descubre que su margen de decisión es mucho menor de lo que prometen los discursos.

La votación en las llamadas elecciones judiciales, la más deslegitimada en la historia de México, ha provocado el alejamiento de la política y el desempoderamiento: el liderazgo personalista sustituye a la organización ciudadana, y la abstención deja el campo libre a quienes sí se organizan para capturar el Estado.

La opción política que gobierna distribuye y controla el poder aprestándose a disminuir a sus aliados en el Congreso. El reto mexicano es pasar de una ciudadanía llamada a votar a una ciudadanía capaz de vigilar, exigir cuentas y disputar el rumbo de las políticas públicas de manera cotidiana. Pero pareciera que el desencanto de ésta se ha traducido en abandono, como a lo largo de los 70 años del PRI.

No es paradójico, sino sintomático: más desaparecidos, más agresiones a la población civil, territorios donde el Estado ha optado por retirarse dada la complicidad del obradorismo y ni un viso de una mayor ciudadanía. Porque nadie vota porque agredan a su familia o le cobren piso o le quemen su negocio.

Revertir el desempoderamiento implicaría que los ciudadanos obligaran a quien ejerce el poder a restituir y fortalecer instituciones, pero eso sólo puede darse votando por otras opciones en las 17 gubernaturas de 2027.

Protegiendo a periodistas y defensores de derechos humanos y reduciendo el peso de los poderes fácticos, legales e ilegales. Sin control ciudadano efectivo, la crisis de la democracia liberal no es un episodio: se convierte en régimen.

Hoy que los mexicanos de bien pertenecen a la derecha y conspiran contra el régimen, que es su enemigo por protestar, especialmente los jóvenes, se debe plantear que el futuro democrático de México dependerá de si esa energía social se convierte en poder real.