Una mentira y un “golpe suave” a la Constitución

Hay una acción concertada entre un poder del Estado y otro subordinado para afectar la democracia, inhabilitando las funciones de un tercero, el Poder Judicial de la Federación. No vamos a los extremos, sino describimos: se trata de un “golpe suave”, cuya tesis apunta al fortalecimiento de un régimen autoritario, soportado por la milicia, en menoscabo de la Constitución y los derechos humanos de los mexicanos, especialmente de los más pobres.

El Ejecutivo federal y su mayoría parlamentaria, sabemos hoy, podría determinar adueñarse del dinero de las afores. Era remoto, hoy no, y debe quitar el sueño a nacionales y extranjeros.

Para adueñarse de los recursos del PJF bastó inventar la narrativa más populista: serviría para becar a “niños pobres”, porque se usaba para excesos de los ministros, lo que, se ha demostrado, es falso.

De prosperar el intento, esos niños no verán ni un centavo, como no hemos visto los beneficios de los fideicomisos de las Fuerzas Armadas, pero de que existe un riesgo de que ese dinero termine en las campañas políticas, existe. La opacidad del oficialismo —por algo quiso desaparecer el Inai— abre la sospecha. Discursos no bastan.

Contrastemos. Si hubiera voluntad, entonces las Fuerzas Armadas harían públicos, como sí lo ha hecho el PJF desde hace más de 15 años, los montos de los fideicomisos en el propio Diario Oficial de la Federación, como está obligado.

Pero no ocurre así. El Ejecutivo reserva, por razones de “seguridad nacional”, sus fideicomisos, que acumulan muchos más recursos. De acuerdo con el reportero Juan Ortiz, al 30 de junio pasado, en tan sólo 178 fideicomisos acumula alrededor de 557 mil millones de pesos. “De ese monto, el 17% está en dos fideicomisos militares (99 mil millones de pesos)”.

El actuar legítimo está en duda. Se actúa en venganza contra el PJF. El doble discurso ha sido la distinción de este periodo sexenal.

Otro ejemplo. El senador Germán Martínez hizo público en la Cámara alta que el expresidente de la Mesa Directiva de ésta, el morenista y aspirante a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, ganaba mensualmente 927 mil pesos, que no los gana ningún trabajador del PJF, ni siquiera un ministro.

El desglose para que los niños poblanos le apunten bien. Dice Germán Martínez: dieta (sueldo), 120 mil pesos; apoyo de asesores, 130 mil; subvención del grupo parlamentario (Morena), 206 mil; subvención variable en especie, 132 mil; asesores, 200 mil, y gastos inherentes al cargo, 140 mil pesos.

La pregunta vigente es dónde están los privilegios, pues es justo en esa burocracia dorada del oficialismo. Los datos ahí están.

Otro integrante de ese partido en la misma posición gastaba mensualmente la “friolera”, citando al mismo jefe del Ejecutivo, de un millón 227 mil 365 pesos en el pago de su personal: secretaria particular, técnicos y jefe de oficina, así como 23 asesores.

Y para cerrar el tema del relato de los “pobres niños pobres”. Hay que decirles que sus papás están endeudados gracias al gobierno de Morena y deberán pagar cada uno de ellos en 2024, 126 mil 818 pesos, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La razón, la contratación de deuda más grande de los últimos tiempos: endeudamiento interno de cerca de un billón 950 mil millones de pesos y endeudamiento neto externo de 18 mil millones de dólares. Regresemos al tema.

Tan claro es que dos poderes del Estado mexicano buscan vulnerar la democracia y generar condiciones de un “golpe suave” al debilitar al Judicial, que más organizaciones internacionales se están pronunciando en contra.

Se espera, en breve, un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU por la vulneración de la independencia del PJF.