Tómbola para las inversiones

Dos noticias importantes marcaron los últimos días en torno a la reforma judicial. El nuevo señalamiento de Estados Unidos de que el desmantelamiento del Poder Judicial federal deberá ser revisado por ambos países, porque implica un riesgo para las inversiones vecinas, y la campaña por el país, por decir anticipada, de Morena, que demuestra que en el centro siempre estuvo el apoderarse de la judicatura.

En una entrevista realizada por Eric Martin a la poderosa embajadora Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR), y publicada el viernes pasado, reiteró lo que en el Capitolio se ha convertido en un borrador de memorándum —no es parte de esa entrevista— que ha unido a los partidos Republicano y Demócrata para recomendar a sus empresas nacionales pausar el ritmo de las inversiones con México, por el giro poco confiable que se ha venido dando por la reforma judicial y de usar el mecanismo de sanciones contra México.

Este posicionamiento se produjo días antes de una reunión con empresarios que han expresado reservas, dado que no existen elementos contundentes para confiar en la reforma judicial. Los hechos que anularon el esfuerzo narrativo del martes pasado fueron dos, mismos que se confirmaron para estas líneas: el uso de una “tómbola” para suplir la carrera judicial y la advertencia de que no habrá diálogo directo con ningún sector inconforme.

Tai comienza por reconocer que “hay muchos desafíos muy, muy importantes entre nosotros”, refiriéndose a su país y México. “Vamos a querer poder mirarnos a los ojos, entender exactamente dónde está la administración de Sheinbaum y entender cómo serán los parámetros de nuestro trabajo conjunto”, expuso a Martin.

Incluso Tai mencionó el estar tomando opiniones del sector sindical estadunidense. Ella “promocionó una herramienta laboral que fue clave para elaborar el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá de 2020, que presiona a las empresas en México para que respeten los derechos de los trabajadores y que Estados Unidos ha utilizado decenas de veces”.

Justo ese es uno de los puntos medulares de la administración Biden y del Congreso, que dentro del desmantelamiento del Judicial Morena introducirá jueces a modo en el sistema laboral y de disputas entre compañías, porque también serán sometidos a las dudosas campañas, donde una central obrera oficialista ya presentó al coordinador de una de las cámaras la lista de sus candidatos.

Eso es lo que Estados Unidos sabe y por ello la alerta de cautela a sus inversores.

La embajadora deslizó al reportero que “la amplia reforma judicial de México generó preguntas para Estados Unidos sobre su principal socio comercial y la necesidad de comprender el alcance de la colaboración con su nuevo líder”, de acuerdo con la entrevista.

Un día después del diálogo con empresarios, Morena avienta un balde de agua fría a los inversionistas. Dio a conocer que sus dos líderes de las cámaras del Congreso, con las bases partidistas, iniciarán asambleas en todo el país para explicar los beneficios de la reforma judicial.

Vaya contradicción: ¿no se supone que 35 millones de mexicanos votaron por desaparecer el Poder Judicial? ¿Por qué, ahora, hay que ir a hablar de sus bondades a los que ya habían sido convencidos y mandataron a Morena? Esto debería de decirse al Consejo de Empresas Globales o a Suzanne Clark, de la US Chamber of Commerce.

Pero también introduce una sospecha igualmente grave. Morena va a hacer campaña para posicionar a sus candidatos a juzgadores, lo que es inconstitucional y violenta el orden jurídico.

En países donde el gobierno afecta el funcionamiento adecuado del Poder Judicial, la USTR ha trabajado en coordinación con otros departamentos del gobierno de Estados Unidos para presionar por reformas. Esto se ha visto en Guatemala y en Honduras.