Todos perderemos

La pretensión de Morena y sus aliados de recortar el presupuesto al Poder Judicial de la Federación para 2024 no está fundada en mediciones ni en el diálogo democrático, sino en la intención de disminuirlo en sus capacidades operativas que, traducido, implica limitar el derecho de los mexicanos a defenderse de los abusos de las autoridades.

Recordemos. Si usted, estimado lector, tenía un hijo menor que no entraba dentro de los rangos autorizados para ser vacunado y por ello peligraba su vida, recurría a un juez federal de amparo y, defendiendo su derecho humano a la salud, ese juzgador le concedía un recurso para obligar a las autoridades sanitarias a inocularlo contra covid-19.

Pregunto. Cuántas vidas de menores y personas con situaciones específicas de salud no fueron salvadas gracias a la intervención de personas juzgadoras en todo el país.

Cuando se intentó burlar la Constitución para que el Ejército manejara la Guardia Nacional pese a la prohibición de la Carta Magna, fue la Corte Constitucional, en estudio también de diversas suspensiones de amparo, la que determinó que era ilegal. 

Es decir, los ministros de la Suprema Corte defendieron nuestros derechos contra las intenciones de militarizar al país y, con ello, la vulneración de libertades.

Derechos de cientos de personas que no reciben servicios de salud como obliga la Constitución, han sido amparados para que las autoridades cumplan con sus obligaciones. 

Podemos enumerar cientos de decisiones valientes de personas juzgadoras federales que demuestran que el Poder Judicial Federal cumple con su obligación de ser autónomo e independiente. 

Los argumentos del oficialismo para reducir su presupuesto, hablan de privilegios económicos. Eso es falso. Previendo prácticas antidemocráticas, los fundadores de nuestro país y quienes redactaron la Constitución, se preocuparon por poner candados para garantizar que los miembros del PJF contaran con salarios suficientes para dedicarse exclusivamente a su función. Al igual que lo mandata la ONU.

Otro ejemplo. El lema del gobierno saliente ha sido “menor salario, menor preparación y más honestidad”, lo que funcionó para ganarse el voto ciudadano. Pero el resultado ha sido un sinnúmero de casos de corrupción, incluso mayores a los conocidos en el pasado.

Se menciona el del organismo descentralizado para la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuyo fin era alcanzar la autosuficiencia en granos básicos, leche y fomentar el desarrollo económico y social.

Se trata de 11 mil millones de pesos provenientes de sus impuestos, estimado lector, que se desviaron, de acuerdo con investigaciones independientes y periodísticas. Y el director del organismo se encuentra protegido por las autoridades diciendo que fue “engañado” por sus subalternos.

Este y otros casos ponen en duda la eficacia de la política de menores salarios y capacidad, pero mayor honestidad.

Hay enojo gubernamental porque su política de seguridad fracasó y está en deuda con sus votantes. Antes de disminuir, el narcotráfico creció, el número de mujeres, hombres y adolescentes inocentes asesinados ha crecido más que en toda la historia moderna del país.

La milicia hace funciones de policías sin estar capacitada, dejando a los fiscales sin elementos para sostener una acusación. En el nuevo sistema penal, los juzgadores están obligados a liberar a detenidos por la presunción de inocencia y debido proceso. México vive la peor crisis de violencia y desapariciones; hay estados sin presencia del Estado. 

Y justo en este momento se busca debilitar al único Poder autónomo que sostiene el Estado de derecho en México. ¿Por qué?

El PJF no tiene burocracia como el gobierno federal. Así, ocho de cada diez trabajadores hacen funciones jurisdiccionales y resuelven más de 1.8 millones de casos anualmente.