Sombría elección presidencial

Si existen zonas del país en las que la violencia ha declinado, no se debe del todo a la eficacia de las políticas gubernamentales, sino a una endeble “narcopaz” que construyen las bandas criminales, las cuales han logrado acumular poder y capital político, en su interacción con las poblaciones indefensas, debido a la instrucción presidencial de no confrontarlas.

En una entrega anterior mencionamos que el lopezobradorismo abrió su frente más vulnerable al enfrascarse en una discusión con el senador estadunidense Marco Rubio.

Buscando crear una distracción pública en el contexto electoral, abrió la puerta para que la información de las agencias sobre la laxitud oficial frente a la delincuencia comenzara a hacerse pública y generar mayores sospechas, incluso del riesgo de la operación de ésta en las elecciones presidenciales en favor del partido de Estado.

La investigadora Vanda Felbab-Brown, directora de la iniciativa Actores Armados no Gubernamentales, del Instituto Brookings, de Estados Unidos, publicó recientemente una ampliación de su estudio en campo sobre el crecimiento de la violencia en México y el avance de las bandas criminales.

Destaca que la sustitución del Plan Mérida por el Acuerdo Bicentenario entre su país y México, y el descenso de las muertes violentas en 3.6% en comparación con las cifras de 2018, generaron expectativas positivas, las cuales, sin embargo, se desplomaron en los meses posteriores.

Coincide con los diagnósticos de organizaciones ciudadanas nacionales acerca de que la Guardia Nacional no tiene ni capacidad disuasiva ni operativa para neutralizar la acción de los cárteles, lo que ha generado que los homicidios alcancen “tasas inaceptables”.

La investigación realizada en diversos estados subraya que “la disminución de enfrentamientos en Apatzingán o Acapulco ocurre, principalmente, porque un grupo en particular o una alianza criminal logra establecer un control territorial temporal, una narcopaz: ya sea Cárteles Unidos en esa parte de la Tierra Caliente o las ramas del Cártel de Sinaloa, de Caro Quintero y Los Chapitos, en extorsiones de alto valor y tráfico de drogas en Acapulco.

“En otros lugares —continúa— tienen que vivir compartiendo, como lo hacen el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la producción de precursores de fentanilo y metanfetamina, creando prácticamente un hub en Lázaro Cárdenas”.

Felbab-Brown desvela con detalle que se ha afianzado otro tipo de violencia, como la extorsión o el control de los grupos criminales sobre territorios y personas. “En gran parte de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, la política local, la economía y gran parte de la vida cotidiana de las personas es arbitrada por los narcos”.

Y citando a una fuente gubernamental, replica: “Francamente, la seguridad pública aquí, toda la vida, está manejada por los narcos”.

Entre sus hallazgos fortaleció su hipótesis de que el gobierno federal apuesta a que los grupos se pongan de acuerdo entre ellos y evitar su intervención.

Cada vez hay más elementos para sostener la existencia de una gran preocupación de la administración Biden, puesto que el gobierno de su vecino del sur se está volviendo poco confiable y “se dará un seguimiento cercanísimo al proceso de sucesión presidencial”, según una fuente del Senado de ese país consultada.

De acuerdo con la investigadora, se constató que las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, tienen la instrucción de no confrontar a los criminales. Y citó un testimonio gubernamental: “La Guardia Nacional son los maniquíes más caros de México”.

La investigación Crime and anti-crime policies in Mexico in 2022: A bleak outlook puede consultarse en la página Brookings.edu.