Si es en su beneficio, por qué protestan los trabajadores

Cuando el gobierno federal niega que el ingreso de los trabajadores por aplicación se verá afectado, hay que tomárselo con cautela y prepararse para todo lo contrario. La prueba la viven los trabajadores y juzgadores del Poder Judicial federal, a quienes, igualmente, se les dijo que no habría afectación, y no sólo no cumplió, sino que, literalmente, violando suspensiones de amparo, se hizo ilegalmente de recursos de fideicomisos destinados a ello.

Sin embargo, el gobierno ha dado muestra de que cede en aras del clientelismo. La movilización de la CNTE lo dejó en claro. Y, bueno, hoy están en la calle los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México y los repartidores por aplicación.

El fondo de la reforma laboral para “regularizar” a trabajadores por aplicación parece ser, en realidad, una estrategia fiscal. El SAT busca integrarlos a un régimen de formalidad laboral que no se ajusta a las particularidades de esta modalidad de empleo. Gravarán con impuestos a quienes utilizan estas plataformas como una fuente adicional de ingresos, sin permitirles aplicar deducciones ni considerar la intermitencia y flexibilidad propias de esta forma de trabajo.

Las declaraciones de las autoridades y de los actores involucrados revelan falta de comprensión sobre la naturaleza del trabajo por aplicación. Este tipo de empleo se caracteriza por su flexibilidad, ausencia de relación laboral tradicional y diversidad de perfiles de ingreso. Si la reforma tuviera como objetivo mejorar las condiciones de los trabajadores, resultaría difícil explicar por qué más de siete mil de ellos y ellas se manifestaron masivamente en la Ciudad de México. Este nivel de movilización anticipa una posible expansión del descontento a otras ciudades, como ya ha sucedido en países como España, Francia y Colombia, donde intentos similares de regulación sin consenso derivaron en protestas prolongadas y costos económicos significativos.

El gobierno debería pausar la entrada en vigor de esta reforma y revisar a fondo el modelo que propone. Resulta poco congruente que, mientras afirma buscar el bienestar de los trabajadores por aplicación, éstos se manifiesten en su contra. Esta contradicción evidencia un enfoque fallido que, de no corregirse, podría derivar en una crisis innecesaria.

Esta tensión no sólo tiene implicaciones sociales, sino también económicas: las señales que se manden con esta reforma a las empresas extranjeras y al régimen de los repartidores podrían deteriorar la percepción internacional sobre la estabilidad del entorno de negocios en México, afectando la confianza de inversionistas en el contexto del nearshoring.

Los flujos vinculados al nearshoring muestran signos de estancamiento. Pese al entusiasmo inicial, factores como la incertidumbre jurídica derivada de la reforma judicial, la violencia organizada y las amenazas arancelarias de Estados Unidos han frenado o pospuesto decisiones de inversión relevantes, generando un clima de cautela entre las empresas globales.

La Federal Reserve Bank of Dallas, en un estudio reciente, concluye que, aunque el nearshoring en México ha derivado en un aumento de exportaciones y un desplazamiento del comercio desde China, no se ha traducido en una entrada masiva de nueva inversión extranjera directa (IED). Desde 2022, los flujos de inversión han estado dominados por reinversión de utilidades y financiamiento intragrupo, mientras que los nuevos proyectos de capital fresco se mantienen en niveles mínimos, ubicándose en su punto más bajo en una década.

Señala que si bien México se beneficia del rediseño de las cadenas globales, esta dinámica aún no ha culminado en una ola de capital internacional, lo cual sugiere que el “boom” del nearshoring sigue siendo más una ambición que una realidad consolidada.

México manda malas señales. Hay que tomarse en serio la cancelación de la elección judicial del 2027 dado su desastre.