Seis años de transformación… y la desigualdad sigue intacta

Por décadas se ha repetido que el esfuerzo y el mérito son suficientes para salir adelante en México. Sin embargo, la realidad que muestran los datos desmiente este mito. Según la Encuesta ESRU de Movilidad Social 2023, 50% de las personas que nacen en el 20% del segmento más pobre de la población no logra mejorar su situación económica en la adultez.

Así, sólo 2 de cada 100 logran llegar al quintil más alto de ingresos, lo que evidencia que la “cuna” sigue pesando más que el esfuerzo personal. Así lo demuestra el Informe de Movilidad Social en México 2025, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que ofrece una radiografía de la persistente desigualdad de oportunidades en el país.

La desigualdad no se limita al ingreso. También está arraigada en el sistema educativo: 9% de quienes provienen de hogares donde los padres sólo cursaron la primaria alcanzan estudios profesionales, frente a un 63% entre quienes nacieron en hogares con padres profesionistas. Es decir, las oportunidades en la vida se heredan.

A estas condiciones se suman otros factores que agravan la situación: ser mujer, tener piel más oscura o pertenecer a un grupo indígena reduce aún más las posibilidades de mejorar el nivel de vida, sin importar el talento o el esfuerzo invertido. El informe estima que, al menos, 48% de la desigualdad de ingresos en México se debe a circunstancias ajenas al control individual, es decir, a una injusta desigualdad de oportunidades.

Un estudio reciente de Brookings Institution (2024) señala que más de 15 millones de mujeres mexicanas enfrentan barreras estructurales para lograr autonomía económica, a pesar de tener educación básica y formación laboral. Entre los principales obstáculos están la violencia de género, la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado y la falta de acceso a empleos dignos y con seguridad social.

El estudio de Magdalena Rodríguez Romero para Brookings Institution (2024) advierte que las mujeres mexicanas enfrentan barreras estructurales que limitan su autonomía económica. El 60% trabaja en la informalidad y dedica 2.5 veces más tiempo que los hombres a cuidados no remunerados. Esta carga, junto con la violencia de género y la falta de servicios públicos adecuados, reduce drásticamente sus oportunidades laborales y educativas.

Aunque no se detiene en el marco legal, Rodríguez Romero señala que las políticas públicas siguen siendo insuficientes. Recomienda sistemas de cuidado infantil accesibles, protección real contra la violencia, equidad salarial y mayor inclusión en el empleo formal, todo desde una perspectiva interseccional que atienda las desigualdades múltiples que enfrentan las mujeres.

La violencia contra las mujeres se intensifica en zonas dominadas por el crimen organizado y la fuerzas armadas. Según la Universidad de Notre Dame y el Kellogg Institute (2024), más de 70% de las mexicanas mayores de 15 años ha sufrido violencia de género. Este fenómeno, común en regiones rurales y militarizadas, se vincula con un aumento en feminicidios y desapariciones, y restringe su participación social y económica al imponerles un entorno de miedo y control.

La geografía también influye en las oportunidades: en el norte, especialmente en la región centro-norte, sólo 31% de quienes nacen en pobreza permanece ahí en la adultez, gracias a una mayor urbanización y mejores condiciones educativas y económicas. En cambio, en el sur, 64% no logra superar la pobreza debido a una mayor concentración de desigualdades, baja inversión y exclusión estructural ligada a la ruralidad, el racismo y la pertenencia indígena.

A pesar de avances entre 2017 y 2023, como la leve disminución de la pobreza extrema y la persistencia intergeneracional de la pobreza, México sigue estando entre los 10 países con mayor desigualdad de oportunidades.