Ruptura del orden democrático

A la pregunta de si México puede dar el paso hacia un narcoestado por culpa de la reforma del Presidente que desmantela el Poder Judicial, Estados Unidos ya tiene la respuesta: sí. La razón es que el 35% del territorio nacional está gobernado —es una cita textual— por alguno de los cárteles más poderosos. Y justo en esos territorios, Morena pretende que sean sometidos a elección popular cientos de jueces y magistrados federales y locales.

Para el Congreso y el gobierno de Estados Unidos, en el fondo de la reforma —que terminaría con la democracia mexicana— está la vinculación de un sector del oficialismo que busca privilegiar a esos grupos del crimen.

Pareciera aventurado el planteamiento, sin duda, si no fuera por el hecho de que las agencias de ese país tienen documentados diálogos de legisladores y oficiales gubernamentales con algunos grupos en los que se ha ofrecido la reforma judicial como un camino para colocar a juzgadores a modo.

Pero se refuerza esa hipótesis en el hecho de que la primera advertencia realizada por el gobierno de Estados Unidos a la reforma judicial va centrada única y exclusivamente en la designación de juzgadores por elección popular.

El embajador de ese país, Ken Salazar, dijo: “Como senador de Estados Unidos viajé a Irak, Afganistán y otros países, en donde vi de primera mano cómo las democracias no pueden funcionar sin un Poder Judicial fuerte, independiente y sin corrupción”.

Subrayó que la fe y la confianza en el Estado de derecho son algunos de los valores compartidos que unen a ambas naciones, mientras que, para el sector privado, sientan las bases para construir confianza y fomentar las inversiones en un ambiente estable y predecible.

Y entonces fue al centro de la preocupación del gobierno de Estados Unidos: “Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política.

“También creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.

Por nada el embajador mencionó como parte de sus preocupaciones la infiltración del narcotráfico en el proceso de elección de jueces y magistrados por medio de esta reforma que busca convertirnos en Venezuela o Rusia, de acuerdo con lo expresado en su editorial el diario estadunidense The Wall Street Journal y en un artículo el londinense Financial Times.

Los gobiernos saliente y entrante de México han perdido la narrativa de que esta reforma democratizará la justicia, especialmente porque dejan sin tocar el edificio de la procuración de justicia, donde opera el crimen organizado, y se centra en el Poder Judicial federal, que ha sido el que ha defendido los derechos humanos y la constitucionalidad.

Y no sólo la han perdido internamente, sino internacionalmente. Empresas multinacionales, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estados Unidos y Canadá, organizaciones de juzgadores han lanzado la alerta de que la democracia mexicana puede caer, convirtiendo a México en un régimen autocrático.

No por nada, la Asociación de Magistrados y Jueces del PJF  alertó  que dichas advertencias no hacen más que confirmar que la intervención acordada entre dos Poderes para disminuir al Judicial implica un rompimiento del orden democrático.