Programas sociales, no son de partidos

Estamos en la cúspide de la estrategia gubernamental de limitar al Instituto Nacional de Transparencia. Que la corrupción no pueda demostrarse en la renovación de Poderes y utilizar los programas sociales con fines electorales. Por ello, las personas sí deben saber que éstos no son, ni provienen de ningún partido, sino del dinero de mexicanos que pagan impuestos.

Hace todo sentido el llamado de Xóchitl Gálvez a que el INE aclare a los mexicanos de manera intensa que los programas sociales no pertenecen al gobierno y que amenazarlos con retirárselos es un delito grave. Es corrupción. El gobierno no tiene dinero propio, es dinero de los mexicanos.

El llamado cobra mayor sentido cuando la propia autoridad electoral ha ordenado al Ejecutivo federal detener su interferencia en la campaña presidencial, y es él quien sí puede manchar la elección por sus intromisiones.

Las evidencias de ésta siguen acumulándose. El Ejecutivo ordenó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos entrometerse en la elección y publicar informes sobre campañas negras dirigidas en contra del Presidente de la República y su candidata Claudia Sheinbaum, violando no sólo sus facultades, sino también sumando las causales de la intervención indebida que pueden afectar la elección.

El Tribunal Electoral del PJF actuó con firmeza y con toda fundamentación ordenó a la CNDH no entrometerse en el proceso electoral.

“Se trata de una injerencia política que pretende la CNDH”, advirtieron los magistrados y le recordaron que viola la Constitución —válgame—, al pronunciarse en materia electoral”.

Con esos elementos están claros los fundamentos de la coalición que postula a Gálvez, para que el INE promueva que el uso de programas sociales para condicionar el voto es un delito y que los funcionarios públicos que van de casa en casa amenazando a las personas beneficiarias pueden ser detenidos y llevados a juicio.

Si usted recibe una amenaza o se siente amenazado por un funcionario gubernamental, tómele una foto y llame a la policía.

El candidato Andrés Manuel López Obrador hizo esa misma sugerencia y pidió: “Tome usted el dinero que le dan y vote sin miedo por quien quiera, nadie le va a quitar el apoyo que recibe”.

Y así podemos ver cómo, de acuerdo con la organización México Evalúa y otras nacionales y extranjeras, el gobierno se ha endeudado, comprometiendo la viabilidad económica de los siguientes sexenios, para canalizar los recursos públicos a programas sociales. Esto, sin duda, no puede más que sospecharse que tendrá fines electorales, como afirma la oposición política.

Los programas sociales, concebidos para mitigar la pobreza y promover la equidad, se convierten así en una herramienta política poderosa cuando son manipulados con fines electorales.

Esta práctica conlleva distorsiones económicas significativas que pueden minar el bienestar a largo plazo de una nación.

El riesgo es una asignación ineficiente porque se priorizan proyectos de corto plazo, con impacto inmediato, en lugar de inversiones estructurales que promuevan un desarrollo.

Desequilibran las finanzas públicas, producen déficits presupuestarios, aumentan la deuda pública y comprometen la estabilidad fiscal a largo plazo. Y puede limitar la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura, educación y salud, elementos fundamentales para el crecimiento económico a largo plazo.

Entonces, cuando el gobierno aumenta el gasto en programas sociales sin una correspondiente mejora en la producción y oferta de bienes y servicios, puede generar presiones inflacionarias.

Y lo indeseable es que crea dependencia crónica en la población beneficiaria y no incentivos claros para salir de la pobreza o mejorar su situación económica. Esto perpetúa el ciclo de pobreza y defrauda la voluntad popular.