Primer epíteto

Resulta paradójico que el primer gobierno en México supuestamente proveniente de la izquierda, aunque su base inicial y actual se nutre de expriistas, y que convenció al electorado con una propuesta humanista, concluya con un innegable saldo: violaciones generalizadas de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, intento de terminar con la independencia de la Corte Suprema, amenazas legales a periodistas y vinculaciones de oficiales con el crimen organizado.

Este epíteto que le obsequia el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, en los días previos a la elección presidencial, en la que oferta a los mexicanos la continuidad a través de una candidatura impugnada por un alto funcionario que fue amenazado con un expediente judicial —de acuerdo con varias publicaciones—, avizora que en los días por venir habrá más información sobre vínculos criminales.

Para muchos, los reportes sobre el estado de los Derechos Humanos emitidos por el Departamento de Estado son poco confiables y desprestigiados, sin embargo, sí visibilizan lo que los mexicanos enfrentan y que, eso sí, nadie con honestidad intelectual puede negar: niveles de narcoviolencia nunca vistos —cotidianamente conocemos de asesinatos o atentados contra candidatos y candidatas— y una política de tolerancia al crimen y la corrupción, como el caso Segalmex, cuyo titular se mantiene protegido y que, de reelegirse el lopezobradorismo, mantendrá ese halo protector.

Y aunque se buscase acusar de injerencista dicho reporte —el gobierno mexicano ha hecho lo mismo con gobiernos de Centro y Sudamérica, al calificar la calidad de sus democracias—, en esta semana surgieron dos hechos que contradicen la narrativa oficial de negar la realidad.

El primero es la detención momentánea de la candidata a la Presidencia por Morena en un retén en el estado perdido de Chiapas —con los mayores niveles de pobreza y presencia de un cártel. Una imagen que le dio la vuelta al mundo.

Y si bien los estrategas de campaña y el propio jefe del Ejecutivo minimizaron el incidente y quisieron posicionar que la candidata se condujo con aplomo —aunque las imágenes demuestran otra cosa distinta—, la realidad es que, narcotraficantes o no, la caravana fue detenida y el contenido del monólogo de los embozados fue la violencia y el crimen organizado.

Para quien conoce el funcionamiento de lo que era el no totalmente desaparecido Estado Mayor Presidencial y sus secciones, esto no hubiera ocurrido nunca y mucho menos para un candidato —en este caso candidata— presidencial oficial.

Esto alguien lo dejó correr porque, si le sucedió a la candidata que ofrece la continuidad del modelo de la retirada del Estado y la libre acción al crimen, imagine lo que viven miles de víctimas en el país.

Ceci Flores, la madre buscadora, dijo en sus redes sociales: para muchos, esto fue lo único que vieron —un retén— antes de desaparecer.

Las Fuerzas Armadas no han notificado ni se ha filtrado el acuartelamiento de castigo de las unidades que cuidan a la candidata ni la que hizo el barrido previo y las tareas de inteligencia. Entonces, ¿fue el Estado?

El Ejecutivo dijo que era un montaje. Quien conoce a la Marina y al Ejército sabe que eso nunca podría haber ocurrido. Celebro que la candidata esté bien. Pero esta crisis quedará para el registro.

Y yendo de la mano, no sólo no es menor, sino un insulto del gobierno de Morena a los más de 100 mil desaparecidos y los desplazados por la violencia, la promoción que hizo su partido de una imagen de la muerte diciendo que no se debe hablar mal del Presidente. ¿Se pretende restarle votos a su candidata, al igual que con el retén?

La Iglesia católica se pronunció en contra de esta promoción de la cultura de la muerte por erosionar a la nación.