¿Podrán?

Todo indica que el gobierno de Morena cruzó el punto de inflexión y ya no podrá resolver el tema de la violencia generalizada en el territorio, si es que alguna vez pensó hacerlo. Al final del sexenio, las cifras de criminalidad lo ubican por encima de los gobiernos pasados.

En lo que lleva esta administración no se había visto un hecho que unificara de tal manera a la opinión pública en contra de ésta, como lo es el asesinato de dos sacerdotes de la Compañía de Jesús, en Chihuahua.

Llamo la atención sobre ello, dado que la sociedad mexicana pareciera no inmutarse ante las alarmantes cifras de feminicidio y muertes violentas que suman 121 mil 655 casos en lo que va del sexenio, frente a los 95 mil 476 en el mismo periodo del gobierno de Peña.

De acuerdo con las cifras oficiales, tan sólo en mayo murieron 2 mil 500 personas y, en lo que va de junio, más de mil 500.

Pero hay que prestar atención a otro elemento. López Obrador es una persona que suele ventilar públicamente su creencia cristiana —lo cual no tiene problema. En ocasiones desvirtúa esta filosofía para construir una narrativa que provoque el conflicto entre clases sociales —lo que es contradictorio por negar los fundamentos del cristianismo—, pero el hecho de que su resistencia a combatir el narcotráfico haya alcanzado a la comunidad jesuita, la más vinculada a la izquierda y a los movimientos sociales en Latinoamérica, lo lleva a una crisis de conciencia y otra de legitimidad, en el caso de Morena.

Es de tal tamaño el conflicto, que el propio papa Francisco ha condenado no sólo el hecho, sino tanta muerte en México. El cristiano Andrés Manuel, y no la persona que ejerce la presidencia, ha sido cuestionado por la calidad de sus convicciones cristianas.

Los jesuitas, orden de la que proviene el papa Francisco, son los más cercanos a las comunidades indígenas. Y este crimen le pega al centro del lopezobradorismo.

La Iglesia católica, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, finalmente se involucró haciendo una descripción cruda de la omisión oficial. “El crimen se ha extendido por todas partes trastocando la vida cotidiana de toda la sociedad (…) se han adueñado de las calles, de las colonias y de pueblos enteros, además de caminos, carreteras y autopistas (…) con niveles de crueldad inhumana en ejecuciones y masacres”. Y tras expresar un “Ya Basta”, sentencia “(…) que han hecho de nuestro país uno de los lugares más inseguros y violentos del mundo”.

Claramente, el gobierno perdió la narrativa. Se vuelve insostenible argumentar que todo es producto del pasado, cuando, desde fuera y desde dentro, se ha demostrado que las Fuerzas Armadas recibieron la instrucción presidencial de no combatir el crimen.

Pero también, por primera vez, las Fuerzas Armadas se subieron al barco de la política, afectando su reputación —como fue el caso de la protesta de familiares de víctimas en un evento con el Presidente—, que hoy se expresa en lamentables hechos en los que son humilladas. Espero que los altos mandos, hoy sí, logren el consenso interno para dar un paso prudente hacia atrás.

La estrategia de distraer la agenda mediática dejó de ser funcional y no la modificará. Se intentó desviarla con tal obviedad hacia el Poder Judicial federal, acusándolo de dilación y corrupción, y hasta denostó por enésima ocasión al juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien tiene un impecable currículum y a quien han investigado incluso más allá de lo legal. Su trabajo ha sido aplicar la Constitución.

El Presidente dice que se debe tener a raya a los juzgadores federales. No, lo que se debe tener a raya es la ilegalidad y el abuso, viniendo del poder público y también de los criminales que tanto se tolera.