Plan México, el riesgo de las disparidades

La historia ha enseñado que la inversión privada no responde a discursos, sino a reglas claras y previsibles. El Plan México, presentado como un gran portafolio para aprovechar el nearshoring, suena, en el papel, a nueva etapa de desarrollo. Pero los empresarios nacionales siguen más cerca de la cautela que del entusiasmo.

Mientras se anuncian consejos empresariales y mesas de diálogo, la inversión fija bruta muestra retrocesos y la confianza empresarial se mantiene apenas por debajo de la zona de expansión. No faltan oportunidades: sobran dudas. Nadie compromete capital de largo plazo si percibe que el terreno político y regulatorio cambia todo el tiempo.

Buena parte de esa incertidumbre proviene de las reformas del propio gobierno. La reconfiguración del sector energético, que devuelve a Pemex y a la CFE una posición dominante, manda la señal de que el Estado será juez y parte. A ello se suma la cascada de reformas judiciales y la desaparición de órganos autónomos de competencia, transparencia y telecomunicaciones. Para centros como el IMCO, esto debilita contrapesos y aumenta la discrecionalidad, justo lo que ahuyenta inversiones.

En el frente externo, la revisión del T-MEC añade ruido. Cámaras empresariales de Estados Unidos han advertido que el sesgo a favor de las empresas estatales limita sus oportunidades y presionan para acotar el sector energético en el tratado. México llega, así, con un discurso de integración productiva, pero con señales prácticas que cierran espacios de competencia.

La inversión extranjera directa también refleja cautela. Aunque los montos de IED son elevados, gran parte corresponde a reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, no a nuevos proyectos. La “nueva” inversión se ha reducido a niveles bajos en comparación histórica. Llega dinero, sí, pero en buena medida es capital que ya estaba aquí y no apuesta fresca al futuro.

El IMCO ha insistido en que, en tiempos de nearshoring, la IED debería marcar máximos históricos de forma consistente y extenderse a más regiones y sectores. Hoy, los beneficios se concentran en pocos estados, mientras el resto del país observa desde la orilla. La gran oportunidad regional todavía no se traduce en un boom generalizado de inversión.

Detrás de esa concentración hay factores muy concretos: estados con mejor seguridad, infraestructura logística, certidumbre regulatoria y gobiernos locales capaces de acompañar proyectos complejos. El resto enfrenta carreteras y puertos saturados, conflictos territoriales, trámites opacos y una oferta insuficiente de talento técnico. Mientras esas brechas estructurales no se atiendan, el Plan México corre el riesgo de profundizar un mapa económico de ganadores y perdedores, más que de integrar el país a la nueva geografía productiva.

Desde la óptica ciudadana surge la pregunta: si hay Plan México, anuncios millonarios y discurso permanente sobre relocalización, ¿por qué no despega la inversión privada? La respuesta es sencilla: la confianza no se decreta. Se construye con reglas estables, instituciones fuertes y respeto a los contrapesos.

Para entusiasmar a los empresarios mexicanos el gobierno tendría que garantizar autonomía real a los reguladores, ofrecer piso parejo en energía y poner freno a la tentación de reescribir la Constitución en cada coyuntura.

La gran prueba será 2027, cuando se renueven 17 gubernaturas y el poder federal enfrente de nuevo la tentación de intervenir, como hizo con la reforma judicial. Si la balanza electoral se inclina desde el centro, el mensaje será que el riesgo en México ya no es sólo regulatorio, sino también democrático, y el capital productivo hará lo que siempre hace ante la incertidumbre: esperar o buscar otros destinos.